A 5 años de la quiebra de la empresa salmonera Pacific Fish, sus trabajadores aún no reciben sus finiquitos. El abogado que los representó pidió la retención judicial de un 30% de la deuda por concepto de honorarios, lo que mantiene entrampado una vez más el pago de los dineros.
Los tropiezos de esta historia comenzaron en 2009, cuando la planta Pacific Fish se declaró en quiebra, dejando a un centenar de personas sin su fuente laboral.
En primera instancia, los trabajadores confiaron las diligencias para conseguir sus finiquitos con uno de los abogados de la empresa. Sin embargo, éste no realizó las debidas gestiones, argumentando problemas salariales.
A partir de entonces, durante el mismo 2009, el abogado Braulio Sanhueza asumió la representación de 47 ex empleados, la mayoría mujeres pertenecientes a Los Muermos. No obstante, el profesional también habría tenido un actuar negligente, a juicio de los afectados.
Luego, fueron dos voceras del grupo quienes viajaron a Santiago a mediados del año pasado, tras enterarse del remate de las dependencias de la ex salmonera, ubicadas en el sector rural Las Quemas, logrando convencer a la junta de acreedores y al síndico de quiebras para liberar un pago extra judicial por 74 millones de pesos, equivalente al 20% de lo que debieron haber recibido legalemente, consiguiendo además la incorporación de otros siete ex trabajadores al grupo de beneficiados.
Es por esta razón, según lo explicó una de las voceras, María Elena Antiñanco, que los ex trabajadores no están de acuerdo con cancelar ahora el 30% de lo conseguido al último abogado que los representó, porcentaje que fue solicitado por el propio profesional al Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que lleva la causa.
Por su parte, el abogado Sergio Coronado, quien asumió la representación legal de los ex trabajadores, sostuvo que las gestiones que debió haber hecho el profesional en cuestión en su momento no revestían mayor complejidad.
Por ende, no corresponde el solicitado pago de honorarios, ya que el dinero conseguido responde a una acción hecha por los propios afectados.
Frente a esto, el abogado en cuestión, Braulio Sanhueza, desistió referirse públicamente al tema, señalando escuetamente fuera de micrófono que será el juzgado santiaguino quien resolverá el requerimiento.
Quien sí alzó la voz para defender a los trabajadores fue el presidente provincial de la CUT, José Pacheco, quien pidió la intromisión del Gobierno en este conflicto.
Son 54 ex trabajadores de la empresa salmonera Pacific Fish quienes están esperanzados de recibir sus finiquitos este lunes 31 de marzo, tal como lo comprometió inicialmente el síndico de quiebra, Felizardo Figueroa, luego de comunicar que ya tenía en su poder los 74 millones de pesos.
