La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un amplio proyecto de ley que regula Internet en el país y garantiza la privacidad de los usuarios.
El “Marco Civil de Internet”, como se conoce la nueva regulación que pasa ahora al Senado, fue impulsado por el gobierno y ganó fuerza tras las denuncias de espionaje estadounidense a Brasil y a la presidenta Dilma Rousseff.
La aprobación -que se hizo con una votación simbólica (sin conteo individual)- ocurre en la antesala de una reunión internacional que Brasil convocó en abril en Sao Paulo para debatir una gobernanza mundial del Internet, una bandera que defiende la mandataria.
Objetado por algunos partidos y empresas, el marco civil de internet brasileña garantiza la “protección a la privacidad del usuario de cualquier violación y uso indebido de datos de internautas brasileños”, explicó el diputado oficialista Alessandro Molon, relator de la ley.
La regulación fija derechos y deberes a gobiernos, empresas y usuarios de Internet y establece además la “neutralidad de la red”, ampliamente defendida por los internautas y que impide que proveedores cambien la velocidad de la conexión o cobren precios distintos según el contenido al que accede el usuario, evitando precios diferentes según la banda utilizada (más caros para vídeo, por ejemplo).
Para conseguir aprobar la ley, que llevaba meses en debate, el gobierno renunció a exigir a las empresas que almacenen sus datos en centros brasileños, una medida en respuesta al espionaje pero objetada por empresas como Google que consideraron que aumentaba sus costos y no mejoraba la seguridad.
El británico Tim Berners-lee, considerado el creador de la web hace 25 años, consideró que la aprobación del marco civil representaría “un regalo para los usuarios brasileños y globales de la red”, en una nota divulgada el martes por la prensa brasileña.
“Este marco atenta contra la libertad porque llama a disciplinar Internet”, denunció el diputado Roberto Freire, del Partido Popular Socialista (PPS).
“Estamos dando demasiado poder para controlar, alguien lo puede usar de forma negativa”, dijo por su parte el diputado Colbert Martins, del centrista Partido del Movimiento Democrático, el principal en la coalición del gobierno de Rousseff, pero opuesto al proyecto original.
La presidenta canceló el año pasado una visita de Estado a Washington tras rebelarse que sus comunicaciones, incluidas las de sus asesores más cercanos y de la petrolera estatal Petrobras, fueron objeto de ese espionaje.
“Quien espió a la presidenta Rousseff y a la canciller alemana (Angela Merkel) fue Estados Unidos. Interesa una regulación. Tiene que existir ese espacio legal. El mercado regula en la lógica del lucro y nosotros tenemos que mediar”, dijo el diputado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Ferro.
