Los cuerpos de seguridad han cometido abusos contra manifestantes en el marco de más de mes y medio de las protestas opositoras en Venezuela y se investigan 60 denuncias, informó este domingo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
“Sí ha habido excesos policiales, no lo vamos a negar (…) desde el Ministerio Público estamos investigando” 60 denuncias, dijo Luisa Ortega en declaraciones al canal local Televen.
Entre esos 60 posibles casos, “hay tres funcionarios de la policía de Chacao (municipio opositor en el este de Caracas) a quienes se le atribuye la presunta comisión del delito de homicidio”, añadió la funcionaria.
Ortega señaló que las autoridades mantienen detenidos a 15 funcionarios acusados de cometer abusos, pero recalcó que se trata de conductas aisladas que no responden a instrucción alguna de superiores.
La fiscal agregó que los hechos violentos ligados a las manifestaciones han dejado “31 personas fallecidas, de las cuales seis son funcionarios públicos entre los cuales hay un fiscal del Ministerio Público”.
Semanas atrás, el Ministerio Público informó de la detención de cinco agentes del servicio de inteligencia por su presunta vinculación con la muerte de dos manifestantes tras la primera protesta masiva en Caracas, el 12 de febrero.
La organización Foro Penal denunció días atrás que reunía elementos sobre 59 posibles casos de tortura por parte de fuerzas del orden contra manifestantes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció de su lado este domingo agresiones de parte de policías durante las protestas, como la destrucción de equipos y detención de comunicadores.
El sábado, según la denuncia, dos periodistas fueron detenidos en la zona de Altamira, en Chacao durante un operativo de policías y guardias nacionales contra manifestantes radicales que pretendían realizar bloqueos de calles. Una periodista fue liberada por la noche, pero el segundo comunicador seguía detenido este domingo.
Venezuela es sacudida desde el pasado 4 de febrero por una serie de protestas antigubernamentales para denunciar la inflación de 57%, la escasez de alimentos y productos básicos, los abusos policiales y la detención de políticos opositores.