“Ellos han entregado todo el respeto a que las decisiones las voy a tomar yo”. Con estas palabras Michelle Bachelet resumió la reunión que sostuvo el 16 de diciembre con los timoneles de la Nueva Mayoría, respecto a las resoluciones sobre las nuevas autoridades de su gobierno.
Con esto, la flamante ganadora de la segunda vuelta presidencial buscaba dar la impronta de independencia de los partidos políticos. Incluso, destacó que iba a tomar el timón en el proceso de selección: “Yo voy a fijar los criterios de quienes son las personas que me parecen más adecuadas”, señaló en la oportunidad.
Sin embargo, algunas voces apuntan a que precisamente esta independencia es la que le pasó la cuenta a la mandataria luego de enfrentar una seguidilla de renuncias de autoridades criticadas por litigios previos a sus designaciones.
En total son 10 bajas las que ha sufrido el Gobierno. De éstas, cuatro se concretaron antes que Bachelet recibiera la banda presidencial. El problema para la ex secretaria ejecutiva de ONU Mujeres es que éstas se generaron sin que las autoridades hubieran tomado posesión de sus cargos, o con apenas algunos días “en ejercicio”.
El debut en el vendaval de renuncias lo hizo la designada titular de la subsecretaría de Educación. Siete días después que Álvaro Elizalde la ratificara en el cargo, Claudia Peirano declinó asumir su puesto en el Gobierno en medio de las recriminaciones por rechazar en 2011 la educación gratuita y su vínculo con negocios en materias de educación.
Poco antes de este anuncio reflotó la condena que recibió el designado subsecretario de Bienes Nacionales, Miguel Moreno, en el caso de las tocaciones que recibió una mujer en el Metro de Santiago en 2011, causa por la cual debió pagar una multa. A ello se sumaron las críticas por el nombramiento de Hugo Lara en la Subsecretaría de Bienes Nacionales por una querella en su contra en donde se lo acusaba de estafa y apropiación indebida . Pese a que se logró un acuerdo por $120 millones para frenar la causa, su renuncia fue confirmada tiempo después junto a la de Moreno.
Carolina Echeverría tampoco logró asumir oficialmente su cargo como subsecretaria de Fuerzas Armadas. En este caso la atención la concentró su padre, Víctor Echeverría, acusado de dirigir torturas en su cargo de coronel contra detenidos en el Regimiento Buin en el inicio de la dictadura militar. La renuncia la oficializó el 8 de marzo.
Martes negro
Pero sin dudas que el inicio de esta semana fue el más oscuro para la nueva administración. La primera bajada fue la de la seremi de Justicia de O’Higgins, Marcela Riquelme. Su designación se produjo el 16 y, sin que pudiera ejercer el cargo, renunció en las últimas horas del lunes por el sumario que desarrolla en su contra la Corporación de Asistencia Judicial, entidad donde trabajaba y cuya investigación salió a flote tras ser designada.
Ese no fue el único revés en la Intendencia de O’Higgins ya que se sumó también la recientemente nominada seremi de Vivienda y Urbanismo, Natalia Sánchez. Ella, al igual que Riquelme, también enfrenta una investigación sumaria pero en el Serviu debido a los pagos de obras que aún no se encontraban terminadas pero que ella autorizó a la cabeza de la Unidad de Asistencia Técnica del servicio.
Ambas renuncias fueron oficializadas al mediodía del martes, día en que también se concretaron las salidas de los gobernadores de Antofagasta, Ñuble, Chiloé y el delegado provincial de Santiago.
La renuncia de la autoridad provincial de Antofagasta, Hernán Vargas, la gatillaron las denuncias por el monto que recibe de la pensión Valech -$135.00 mensuales-. Agrupaciones de Derechos Humanos encabezaron los cuestionamientos ya que Vargas no habría tenido la condición de ser víctima de vejámenes durante la dictadura.
En el caso de Salvador Delgadillo, a quien el Gobierno lo nombró para cubrir la función de delegado provincial en Santiago, se le cuestionó la querella en su contra interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que investiga el presunto desvío de caudales públicos cuando era alcalde de Til Til.
Cristián Fernández, designado como autoridad provincial para Ñuble, también debió dar un paso al costado por el recuerdo de su destitución por cinco meses mientras era alcalde de San Fabián de Alico, a lo que se agrega el proceso judicial contra un funcionario de confianza en dicho cargo acusado de malversación de fondos.
Como si lo anterior no hubiera sido suficiente para sepultar su pretensión de ejercer en la Gobernación, se reveló que Fernández, con el fin de obtener datos de otros municipios de Ñuble, se hizo pasar por funcionario de Contraloría en 2004 y así logró recabar antecedentes.
Por último el bajo puntaje en la Ficha de Protección Social de la gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio, fue el gatillante de su dimisión. Las críticas apuntaron a los beneficios que recibió del Estado, mientras que ella, en su última intervención pública el mismo día de la renuncia, sostuvo que el puntaje reflejaba el difícil momento económico que vivía hace algunos años.
Ministro de tres días
Durante su administración, Sebastián Piñera también debió criticar los reproches por las renuncias tempranas. En la gestión entre 2010 y 2014 destacaron tres casos.
Uno de estos afectó a José Miguel Stegmeier que duró tres días como gobernador designado de Bío Bío y que se vio forzado a renunciar el 19 de marzo de 2010 por los vínculos con Tierra Negra, sociedad que colaboró en ocultar los dineros que mantenía en nuestro país el jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schäfer.
Un poco más duró el gobernador de Los Andes, el UDI Ángelo Barbieri. Al asumir se le sacó en cara una deuda que superaba los $60 millones, la que lo mantenía en los registros de Dicom. Al no cumplir con el pago en un plazo establecido, el Gobierno comunicó su renuncia el 9 de abril de 2010.
Las salidas dentro del equipo de Bachelet no han afectado a su gabinete ministerial, lo que sí ocurrió en la recientemente finalizada administración. Este fue el caso de Fernando Echeverría, designado como ministro de Energía el 18 de julio de 2011 y que dejó el cargo solo tres días más tarde, por el conflicto de interés que representaba su participación en empresas con importantes proyectos que involucraban a su cartera.
Por el momento los ánimos se aquietaron en La Moneda después de la difícil jornada del martes, mientras aún algunas miradas se centran en el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, debido a los nexos con una empresa que asesora a compañías como Barrick, Agrosuper y GDF Suez, entre otras.
