Una institución vigorosa corre el riesgo de estancarse si no se reestructura continuamente para enfrentar los nuevos desafíos que le corresponde vivir. Un ámbito en el que esto es particularmente visible es en la generación de una cultura democrática y de participación. Si no hay voluntad decidida de estimular la participación y de generar mecanismos que la fomenten, la inercia de las organizaciones generalmente va favoreciendo la atomización, el debilitamiento del sentido de pertenencia colectiva, la centralización de las decisiones y la concentración del poder en grupos reducidos.

La Universidad de Concepción es una institución que nació del propio protagonismo de quienes decidieron conformarla. Los valores democráticos están en su matriz institucional. Sin embargo, en los últimos años no se han observado esfuerzos reales por generar estructuras institucionales -como un claustro o senado universitario- que fomenten la participación de sus académicos/as y a su vez fortalezcan el sentido de comunidad universitaria. Del mismo modo, existen serias dificultades para que los temas que preocupan a las distintas unidades puedan ser analizados con detención y abrir cauces participativos para su análisis.

Sin duda, no es solo responsabilidad de quienes detentan el poder fomentar una cultura activa de involucramiento de los distintos estamentos de la comunidad universitaria, sino que nos corresponde a todos y todas. Lo preocupante es que una forma de funcionamiento que no es la óptima -y que en gran medida obedece a una orgánica institucional “hija de sus tiempos”-, no sea cuestionada al cambiar el contexto histórico y sea vista como adecuada, y aun reforzada por el estilo de gestión actual.

No se debe olvidar que los estatutos que a la fecha rigen a la Corporación Universidad de Concepción fueron redactados a finales de la década de los 80. En ellos prima una orgánica institucional que concentra el poder en la figura del Rector y que si bien establece ciertos órganos colegiados de toma de decisiones, no los dota de atribuciones que permitan oponer funciones para asegurar la participación, transparencia y equilibrio de poderes en los procesos en que están implicados.

Ejemplo de ello es el funcionamiento del Directorio de la Corporación: sus integrantes son elegidos por la Asamblea de Socios de la Universidad que es presidida por el Rector. A su vez, es el Rector quien preside el Directorio. Esta orgánica institucional establecida en los estatutos de la Corporación es perfectamente modificable, tanto por la vía de un cambio en los mismos, como por la vía del estilo de gestión de quienes detentan el poder, de ahí que nos preguntemos: ¿existe un cuestionamiento en relación a la forma en que funcionamos como comunidad universitaria en estos aspectos?

¿Hay conciencia de la falta de participación de las y los académicos en el devenir institucional? ¿Se han hecho esfuerzos efectivos para generar nuevos espacios institucionales que favorezcan la participación? ¿Se han buscado mecanismos para contrapesar el poder que en las estructuras institucionales de nuestra Universidad concentra el cargo de Rector?

La democracia es un ideal. No existe institución alguna que sea plenamente democrática. Lo importante es la dirección en que avanzan las instituciones. Décadas atrás era concebible que una autoridad universitaria fuera reelegida indefinidamente ¿Es eso concordante con los tiempos actuales? ¿Le hace bien a una institución la no renovación de las personas que detentan los cargos directivos? ¿Favorece el protagonismo y la participación de los académicos y académicas que un candidato a Rector se niegue a debatir con los otros postulantes? ¿No es parte fundamental del proceso democrático el debate previo a una elección, como espacio que permite no ya que los candidatos analicen aspectos centrales del quehacer universitario, sino que estos temas sean abordados por los académicos y académicas, impulsando así la reflexión acerca de los mismos?

Un elemento crucial para favorecer una cultura de apertura y participación es la transparencia informativa. Para poder opinar se requiere contar con el máximo de antecedentes. Lograr que una comunidad esté plenamente informada de temas institucionales no es una tarea sencilla y no solo involucra a quienes están a cargo de su conducción, pero lo importante es hacer esfuerzos reales para que la información esté disponible y pueda ser valorada por quienes estén interesados. En este sentido, hubiera sido un avance importante, y es un desafío para el futuro próximo, que nuestra Universidad hubiera adherido voluntariamente a la Ley de Transparencia, obligatoria para las universidades estatales.

El actual proceso eleccionario en la Universidad de Concepción ha puesto en el centro de la discusión los temas de participación y transparencia en nuestra Universidad. Es una oportunidad para debatir y convocar a una comunidad académica comprometida, informada, capaz de analizar las propuestas de los candidatos.

Por cierto, esto sería enteramente insuficiente si no se proyectara más allá de las elecciones, si no se modificaran ciertos estilos de gestión para favorecer la participación y transparencia. Lo que nuestra Universidad requiere es un esfuerzo serio por generar formas y espacios de gestión efectivamente participativos, informados y democráticos, que en el fondo redunden en una gestión institucional eficiente.

Paulina Paz Rincón González
Lucía Saldaña Muñoz

Académicas Facultad de Ciencias Sociales
Equipo Nueva Rectoría UdeC 2014
www.nuevarectoriaudec2014.cl