Un nuevo plazo de 30 días para realizar el desalojo de la comunidad Marihuén decretó el Primer Juzgado Civil de Coronel, al acoger una solicitud de quienes acreditaron la propiedad del terreno en un litigio judicial. Carabineros espera la resolución para concretar la diligencia.
A través de una solicitud del abogado Enrique Gómez, a nombre de la Sociedad Playa Negra, se pidió el lanzamiento de las familias indígenas que habitan el paño cuya propiedad de adjudicó el empresario Alejandro Bravo.
Tras analizar el escrito, la jueza de Coronel, Paulina Astete, dio lugar a la petición, ampliando las horas y los días en que podría ejecutarse el desalojo, subrayó el abogado Gómez.
La resolución debe ser entregada ahora a Carabineros para que un receptor, respaldado por la fuerza pública, proceda al lanzamiento de la comunidad Marihuén.
La orden aún no llega a la policía uniformada, según indicó el general Iván Bezmalinovic, agregando que una vez que sea recibida procederán a acatarla.
Actualmente la Conadi y el Ministerio de Desarrollo Social afinan la compra de un terreno de 100 hectáreas en la Provincia de Arauco, hasta donde se planea trasladar a las familias mapuche.
Sólo resta un fallo judicial que precise los límites del paño, situación que retrasó la transacción.
