Un acuerdo reparatorio de 51 millones de pesos, pudieron alcanzar la familia del joven Ángelo Estrada que quedó con lesiones graves gravísimas, luego que el cabo de Gendarmería, Jorge Retamal Segura, disparara su arma de fuego hiriendo en la cabeza a la víctima, ocurrido en octubre de 2012, en el centro de la capital.

A través de la representación de sus abogados y en audiencia realizada en el tribunal de garantía, tanto los parientes del afectado como el inculpado acordaron esta salida alternativa.

Al respecto, el fiscal de la zona Centro Norte, César Urzúa, indicó que el acuerdo fue entre la víctima y el imputado, siendo la labor de la Fiscalía supervisar si efectivamente se cumplen los requisitos legales para ello, debido a que se trató de un delito culposo. “Estando satisfecha la víctima, la Fiscalía no se opuso”, recalcó.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación realizada por el ente persecutor, el hecho se refería a un cuasidelito de lesiones graves gravísimas cometido el 9 de octubre de 2012, debido a un actuar imprudente por parte del imputado.

Ese día el funcionario disparó al aire en dos ocasiones con su arma de servicio en momentos en que transitaba por calle San Martín en Santiago, conduciendo un vehículo de Gendarmería y cuando un grupo de encapuchados atacó con piedras el móvil en el que se desplazaba. Fue justamente uno de los disparos el que impactó en la cabeza del joven, dejándolo con daño cerebral.

La ley establece que el imputado y la víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que deben ser aprobados por el juez de garantía y en los que el imputado se obliga a indemnizar o realizar alguna prestación en favor de la víctima.

Sólo pueden referirse a hechos que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, lesiones menos graves o delitos culposos.

Una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio o garantizado debidamente su cumplimiento, se pone término a la causa.