Los jueces integrantes del Sexto Tribunal Oral en Lo Penal realizaron este viernes una visita al penal de San Miguel, en el marco de las diligencias por la investigación del incendio que dejó 81 internos muertos, el 8 de diciembre de 2010.
La diligencia se inició a eso de las 04:30 horas de esta madrugada, instancia donde estuvieron presentes el fiscal Raúl Guzmán, que lleva adelante el caso, además de los abogados defensores de los imputados.
En el lugar, además, un grupo de familiares realizaron una velatón con lienzos donde exigen justicia por lo ocurrido, los que increparon a los juristas a su llegada al recinto penal, que actualmente funciona como cárcel femenina.
La principal molestia tiene que ver con la tardanza en una resolución que identifique a los responsables de no avisar oportunamente por el siniestro. Uno de los familiares, César Pizarro, criticó la lentitud del juicio y la poca atención que ha recibido del gobierno.
Por otro lado, el fiscal Guzmán se refirió a la investigación asegurando que esta diligencia pretende dilucidar la tesis del Ministerio Público, que asegura que sí se podían escuchar los gritos de auxilio de los internos desde donde estaban los funcionarios de Gendarmería.
Desde la Fiscalía Metropolitana Sur, Viviana Castel, dio un balance positivo de esta diligencia, comentando que el tribunal pudo apreciar bien las distancias. Sin embargo, enfatizó que ahora hay distintos aspectos estructurales a los que habían cuando ocurrió el siniestro.
Carabineros llegó al lugar para resguardar la seguridad, sin que se registraran incidentes.
Recordemos que por este caso la Fiscalía Metropolitana Sur acusó a ocho gendarmes de presunto cuasidelito de homicidio y lesiones, pidiendo penas de entre cinco años y un día y siete años de cárcel por su supuesto actuar negligente.
El juicio comenzó el 22 de julio pasado en el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
A fines de octubre declaró en calidad de testigo la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien fue la primera autoridad externa a Gendarmería en recorrer el recinto penitenciario tras el incendio, y redactó un informe sobre los hechos.
En su declaración ante el tribunal, la fiscal señaló que, en terreno, pudo constatar que el recinto no contaba con los mecanismos adecuados para evacuar a los reos de manera eficiente, con tal de evitar una tragedia como la ocurrida ni tampoco cómo atacar un incendio.
Los hechos se originaron alrededor de las 05:10 horas el 8 de diciembre de 2010, a raíz de una disputa entre dos bandas rivales, en el cuarto piso de la torre 5 del penal. Se pudo constatar en la investigación, que uno de los reos utilizó un lanzallamas artesanal, fabricado con un balón de gas y un tubo plástico, lo que prendió diversos elementos, como colchones y ropas.
El abogado defensor Juan Pablo Gómez atribuyó como “el principal factor de la muerte de los 81 internos las condiciones de diseño y de infraestructura” de la cárcel, agregando que “aquí en definitiva habían problemas de infraestructura graves”.