Continúa la polémica en torno al proyecto de ley que crea una institucionalidad permanente para reajustar, anualmente, el ingreso mínimo. La iniciativa, según el anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ingresaría al Congreso a fines de febrero.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, dijo lamentar que una política tan importante se envíe como cierre del programa de Gobierno y no como un intento por superar la desigualdad del país.

La dirigenta sindical llamó al próximo Parlamento y al futuro Gobierno a que el debate relativo al salario mínimo no contemple sólo criterios técnicos, sino que también políticos, incluyendo la participación de los actores involucrados.

Previamente, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, había aclarado que el Ejecutivo se comprometió a enviar el proyecto y no a tramitarlo, y que el texto quedará a disposición de la próxima administración.

Esta explicación no convenció a la presidenta de la CUT, quien afirmó que si la idea era “aportar”, lo más idóneo era acordar, junto al ministro de Hacienda designado, Alberto Arenas, un proyecto con mayores niveles de adhesión.