Rusia boicoteará la audiencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el barco de Greenpeace y sus 30 tripulantes detenidos cuando protestaban contra la extracción de petróleo en el Ártico, anunció el miércoles el ministerio ruso de Relaciones Exteriores.
“La parte rusa informó a Holanda y al Tribunal Internacional del Derecho del Mar” que “no va a participar en el proceso”, dijo un portavoz del ministerio citado por la agencia de prensa Rio-Novosti.
El gobierno ruso también rechazó el procedimiento de arbitraje iniciado por el gobierno holandés, que implica que Rusia y Holanda nombren “árbitros” encargados de encontrar una solución al caso del barco “Arctic Sunrise” de Greenpeace que navega con bandera holandesa, indicó el portavoz ruso.
“No obstante Rusia sigue abierta a una solución” del problema, destacó el portavoz.
El lunes pasado, Holanda anunció que había recurrido al Tribunal para obtener la liberación del barco y los tripulantes, de 18 países diferentes, entre ellos dos argentinos y un brasileño.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar debe en principio convocar a una audiencia para que Rusia y Holanda expongan sus puntos de vista en un plazo de dos o tres semanas.
Holanda dijo que estaba dispuesto a suspender el recurso ante el Tribunal y discutir con Rusia las cuestiones jurídicas planteadas por el caso del “Arctic Sunrise” pero sólo después de la liberación de los tripulantes.
Los guardacostas rusos detuvieron y remolcaron el 19 de septiembre el “Arctic Sunrise” hacia las costas rusas, después de que algunos activistas intentaran escalar una plataforma petrolífera del gigante Gazprom para denunciar los riesgos de esta actividad en el medio ambiente.
Los 30 tripulantes, entre ellos 26 extranjeros, se encuentran detenidos en Murmansk en el noroeste de Rusia, y fueron acusados de “piratería en grupo organizado”, delito pasible de 15 años de cárcel.
La tripulación estaba compuesta por 18 nacionalidades diferentes, entre ellas Rusia, Estados Unidos, Argentina, Francia, Brasil, Holanda y Reino Unido, aunque sólo Holanda solicitó públicamente que estas personas fueran liberadas.
