La justicia española condenó este miércoles a un año y medio de prisión a un ex alto cargo y un inspector de la policía española por avisar a la organización independentista armada vasca ETA en 2006 de una operación contra su aparato de extorsión.

El ex jefe superior de la policía en el País Vasco (norte), Enrique Pamiés, ha sido condenado como “autor material y directo de un delito de descubrimiento y revelación de información”, afirma la sentencia hecha pública este miércoles, mientras que el inspector de la brigada antiterrorista, José María Ballesteros, ha sido condenado también a otro año y medio de cárcel como “cooperador necesario” del mismo delito.

En cambio, el tribunal de la Audiencia Nacional (principal instancia penal) los absuelve del delito de colaboración con organización terrorista al entender que su acción no buscaba “favorecer una acción puntual de ETA o la actividad de la banda terrorista”, sino que trataban de que “no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA”.

ETA había declarado un alto el fuego en marzo de 2006, que permitió abrir un proceso de negociación con el gobierno socialista y que acabó rompiéndose cuando la organización armada atentó contra la terminal T4 del aeropuerto de Barajas al colocar un coche bomba en el aparcamiento que causó dos muertos en diciembre de ese mismo año.

Según la sentencia, la policía española había preparado una operación el 4 de mayo de 2006 en un bar de la localidad fronteriza de Irún, llamado Faisán y regentado por el presunto etarra Joseba Elosúa, por donde circulaba el dinero extorsionado por ETA a empresarios vascos, conocido como ‘impuesto revolucionario’ para detener al propio Elosúa y a otro presunto miembro de la red de extorsión, Cau Aldanur.

La víspera, en cuanto tuvo conocimiento de la operación, Pamiés “con el designio de no entorpecer la situación política abierta de diálogo para acabar con la actividad de ETA” buscó una persona, Ballesteros, que “por su mediación le permitiera avisar a Elosúa Urbieta de que Cau Aldanur no acudiera a España para evitar la detención de ambos”, afirma la sentencia.

Durante la instrucción, Pamiés negó haber hablado con Elosúa y también descartó haber seguido órdenes políticas para boicotear la operación.

Ambos condenados tienen previsto recurrir la sentencia, mientras las asociaciones de víctimas del terrorismo han pedido que se investigue quien dio las órdenes a estas dos personas.

María del Mar Blanco, Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, expresó su deseo de que la Justicia “siguiera trabajando y llegara hasta el final, que se investigara quién fue esa persona, ese alto mando que dio el chivatazo, porque está claro que estos dos policías no actuaron de una manera libre, sino porque recibieron una orden de más arriba”.

ETA, responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra, anunció el 20 de octubre de 2011 “el cese definitivo de su actividad armada”, pero aún no ha entregado las armas como exige Madrid.