La ministra de Justicia, Patricia Pérez, junto al director metropolitano de Gendarmería, el coronel Carlos Cortéz, realizaron esta jornada un positivo balance del traslado a Punta Peuco de los nueve reclusos que cumplían condenas por crímenes de lesa humanidad en el penal Cordillera de Peñalolén.

A juicio de las autoridades el operativo se desarrolló de acuerdo a lo coordinado y planificado.

Por otro lado la ministra calificó como “irracional” las declaraciones en contra del Presidente Sebastián Piñera por definir el cierre del recinto y aseguró que no merecen comentarios los dichos emitidos por el abogado de Manuel Contreras, René López, que responsabilizaban al mandatario por la muerte de Odlanier Mena.

En un principio la jefa de la cartera de Justicia manifestó que el desarrollo del operativo para el traslado desde Peñalolén a Til Til, de los nueve reclusos efectuado anoche, se hizo de acuerdo a lo planificado, arribando todos los reos y de una sola vez a eso de las 01:15 horas, luego de un trayecto de unos 44 minutos. La autoridad destacó y felicitó al personal de Gendarmería que ejecutó la medida, al igual que a los efectivos de Carabineros que prestaron colaboración en la seguridad perimetral y viabilidad del viaje.

Respecto de las condiciones en que llegaron los reclusos, Pérez informó que éstos “fueron chequeados médicamente y el traslado se desarrolló sin inconveniente desde el punto de vista de sus condiciones físicas, las que también fueron evaluadas y verificadas, encontrándose todos ellos en buenas condiciones de salud, y posterior a la evaluación médica fueron destinados a llevados a sus dormitorios”

Respecto del régimen que desde hoy llevan los nuevos reclusos en Punta Peuco, el coronel Cortéz dijo que “en cuanto a infraestructura, evidentemente va a variar (respecto de la realidad en el Penal Cordillera) y en cuanto al régimen interno va a ser el mismo que toda unidad penal del país”.

Consultada por las acusaciones contra el Presidente Piñera por el presunto suicidio de Odlanier Mena mientras usaba su beneficio de salida de fines de semana por negarse al traslado, Patricia Pérez respondió que “es irracional como injustificado. Evidentemente, la decisión institucional que adoptó el Presidente de la República se fundamenta en el reforzamiento del Estado de Derecho y se asienta en la vigencia del principio de igualdad ante la Ley, esto es, que todas las condenas se cumplan en unidades penales. Y por cierto, como lo dijimos ayer, lamentamos el deceso del señor Mena, sin embargo es una circunstancia que debe ser investigada, debe ser esclarecida”.

Al preguntar sobre si se tomó en consideración los problemas existentes entre los reclusos que deberán convivir ahora en Punta Peuco, la mayoría antiguos hombres de armas que participaron de los organismos de represión de la dictadura de Augusto Pinochet, la ministra respondió que el régimen penitenciario y su conjunto de normas regula la convivencia ordenada y pacífica entre los internos. “Como en cualquier unidad penal, sin perjuicio de puedan existir rencillas y diferencias entre los distintos internos, Gendarmería de Chile cuenta con las facultades y las medidas necesarias que se puedan adoptar”, dijo la ministra, agregando que están en conocimiento de la situación de los internos de las distintas unidades penales y todos los días está adoptando distintas medidas para mitigar posibles conflictos.

Sobre las palabras del abogado de Manuel Contreras, René López, la ministra Patricia Pérez dijo que “realmente no merecen comentarios. Constituyen dichos difamantes y que no tienen ninguna justificación, son dichos irracionales y que me parecen que realmente por su naturaleza ni siquiera merecen un comentario”, afirmó tajante.

Finalmente, tanto la titular de Justicia como el director metropolitano de Gendarmería, manifestaron que los nuevos internos de Punta Peuco contarán con las garantías médicas que sean necesarias para velar por su salud.

Respecto al recinto de Peñalolén, que pertenece al Ejército y que estaba a comodato a Gendarmería, la ministra informó que el Ministerio de Bienes Nacionales, Gendarmería de Chile y el Ejército tendrán que definir su destino final.