El ministro especial para causas por violaciones de derechos humanos, Carlos Aldana, apuntó a la responsabilidad en el caso Laja-San Rosendo de quien era en 1973 la máxima autoridad regional, el general (r) de Ejército, Washington Carrasco.
Por eso es que, según trascendió, el ex uniformado fue careado en Santiago la semana pasada con quienes eran los jefes de Carabineros en la provincia de Bío Bío para el golpe militar. La diligencia enfrentó a Carrasco y a los oficiales Héctor Rivera y Luis Urrutia, quienes asegurarían que informaron a la Intendencia sobre los asesinatos de funcionarios de Ferrocarriles y de la papelera CMPC.
Fueron justamente los cuerpos de esos 18 ejecutados los encontrados en el fundo San Juan, cuya inhumación ilegal fue informada al Juzgado de Yumbel. El tribunal, además de no investigar el macabro hallazgo, ordenó informalmente que los restos fueran trasladados a la fosa común del cementerio local.
En la investigación, el ministro Aldana tiene hoy a 10 carabineros en retiro procesados por el delito de homicidio calificado.