A sólo días de cumplirse la prórroga de 90 días que se dio para la vigencia de la ordenanza para los tragamonedas, el concejo municipal de Concepción aprobó una nueva normativa que determina los entes que deberán certificar las máquinas, así como el plazo que tienen los empresarios para cumplir con la medida.
Poco después de asumir en diciembre pasado, el alcalde de Concepción, Alvaro Ortiz, debía poner en vigencia la ordenanza que regulaba el funcionamiento de este tipo de juegos, que prácticamente se han tomado el centro de la ciudad.
Sin embargo, la solución a uno de los grandes problemas planteados al flamante jefe comunal fue dejada de lado, determinándose aplazar la puesta en marcha de la ordenanza, antes de que se cumpliera el plazo.
Entre los principales puntos de la nueva medida, está el proceso de certificación y el plazo para el cumplimiento de aquello, según explicó el concejal DC, Eric Aedo.
La ordenanza original estipulaba que las máquinas tragamonedas fueran certificadas por empresas extranjeras, aspecto que llevó a la municipalidad penquista a postergar su entrada en vigencia.
Ahora, el nuevo cuerpo legal facilita el proceso y tras el plazo otorgado de dos meses, la corporación edilicia pondrá en marcha un control que determinará la legalidad del funcionamiento de las docenas de locales que hoy funcionan en Concepción.
Así lo subrayó el concejal Aedo.
Es así como a fines de julio podrían enfrentar el cierre de su local no sólo los empresarios que no certifiquen sus tragamonedas, sino también aquellos cuyas máquinas no pasen la prueba ante la Dirección de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción.
