La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes estudiar el caso de un pueblo de Alaska (noroeste) que solicitaba el derecho de demandar a un grupo petrolero por los daños provocados por el deshielo atribuido al calentamiento global.

Con esta decisión, la más alta instancia judicial estadounidense confirmó el fallo de una Corte de Apelaciones federal de San Francisco (California, oeste), que en 2012 estimó que el caso no le competía.

Los abogados representantes del pueblo de Kivalina, en el extremo noroeste de Alaska, buscaban responsabilizar de las emisiones de gases con efecto invernadero a varias compañías petroleras, entre ellas ExxonMobile y empresas de producción de energía eléctrica, y pedirles un resarcimiento por los daños provocados por inundaciones y la erosión a causa del deshielo de la banquisa, todos efectos atribuidos al calentamiento.

La Corte de Apelaciones de San Francisco había resuelto que el pueblo no podía demandar a estas empresas amparándose en leyes federales de derecho común.

“La solución ante la dramática situación en la que se encuentra Kivalina está en manos de los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno federal, y no en el derecho federal común”, redactó el juez de apelaciones, Sidney Thomas.

El fallo de la Corte de Apelaciones se basaba en gran parte en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2011, en el marco de una demanda del estado de Connecticut (noreste) contra la firma de producción de energía eléctrica American Electric Power Company.

En forma unánime, los jueces de dicho tribunal resolvieron que no les competía el caso, aduciendo que una empresa no podía ser demandada por sus emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del derecho federal común.

El pueblo inuit de Kivalina, que contaba en 2010 con 376 habitantes, está ubicado en el extremo de una franja de tierra de 13 km que separa el Mar de Chukotka y la laguna en la desembocadura del río Kivalina a 130 km de la ciudad de Kotzebue.

El costo del desplazamiento del pueblo fue valorado en 95 millones de dólares por el Cuerpo de Ingenieros civiles del ejército estadounidense.