Con el fin de reemplazar el decreto 701 de 1974, el Ejecutivo impulsó la Ley de Fomento Forestal, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Agricultura del Senado, que deberá votar en sala esta iniciativa en los próximos 15 días.
Según el senador demócrata cristiano, Mariano Ruiz Esquide, el proyecto contempla 18 mil millones de pesos anuales para incentivar y subsidiar a las empresas forestales. Sin embargo, sólo un 31% será destinado a las pequeñas empresas y el resto será inyectado a grandes forestales del país.
Esquide explicó que el objetivo es que esta gestión se prorrogue con el fin de evitar que nuevamente se caiga en una ley de “amarre”.
La crítica apunta a que el Gobierno envió a trámite esta ley sin que existiera una institucionalidad pública, que contemple una correcta consulta indígena y se considere el convenio 169.
El senador del PPD, Jaime Quintana, señaló que se buscará la forma de frenar el proyecto.
La crítica apunta, además, a que esta ley no regula el tamaño, ubicación y diseño de las plantaciones forestales, así como sus métodos de cosecha, promoviendo el ordenamiento territorial.
La directora de la ONG, Terram, Flavia Liberona se refirió al impacto que genera la gran producción de empresas forestales que se concentran en árboles exóticos y no nativos.
Liberona explicó que esta explotación acorrala a comunidades del sector, como la mapuche.
