El Parlamento griego adoptó la noche del domingo una ley sobre nuevas medidas de rigor reclamadas por la troika (UE-BCE-FMI) que incluyen sobre todo la reestructuración del sector público y el despido de miles de funcionarios.
La ley fue adoptada al término de un debate agitado en la asamblea, por 168 votos a favor 123 en contra y uno que simplemente votó “presente”.
Esta ley, que prevé el despido de 15.000 funcionarios de aquí a finales de 2014, 4.000 de ellos en 2013, es una medida inédita que abre el camino a nuevas entregas de préstamos de la zona euro y el FMI a Grecia por un total de 8.800 millones de euros.
Los funcionarios señalados para el despido son los sancionados por corrupción o incompetencia, los empujados a la jubilación voluntaria o las víctimas de supresión de puesto tras el cierre de decenas de organismos públicos.
Una manifestación de 800 personas, según la policía, tuvo lugar la noche del domingo delante del Parlamento, en la céntrica plaza Sintagma de Atenas, convocada por sindicatos de los sectores privado y público.
La ley adoptada, compuesta por un solo artículo -práctica recurrente para forzar a los diputados a votar el conjunto de las disposiciones-, prevé la extensión de un impuesto de propiedades aplicado en 2011, aunque reduciéndolo al 15%.
Prevé asimismo la apertura a la competencia de nuevas profesiones y facilidades de pago estrictas para que el Estado pueda recuperar miles de millones de euros de impagos de impuestos y cotizaciones sociales por parte de particulares o empresas endeudados.
Los partidos de oposición denunciaron una enmienda presentada “en el último minuto” por el ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, que prevé una bajada del sueldo mínimo mensual de los 580 euros actuales a 490.
