Además de las demandas en los tribunales, investigaciones administrativas amenazan con retrasar aún más la entrega del Centro Cultural de Tomé. La alcaldesa Ivonne Rivas informó que ordenó un sumario interno para aclarar el cobro de las boletas de garantía de la constructora a cargo del proyecto, mientras que el abogado de la empresa, Andrés Durán, prepara una denuncia a Contraloría.
Fue el cobro de las boletas de garantía justamente, a todas luces irregular, lo que terminó por paralizar la construcción del centro cultural tomecino. Eso, luego que la constructora RVG demandara al municipio, alegando su dueño, Rodrigo Valenzuela, que la medida produjo un catastrófico efecto en su empresa.
La alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas, sospecha que efectivamente Valenzuela podría tener razón y por eso ordenó un sumario administrativo que aclare por qué se dio orden de cobro de los documentos anticipadamente. La información fue entregada por la propia jefa comunal.
Pero para agudizar aún más el problema, y en sintonía con el cuestionado cobro de las boletas de garantía por casi 100 millones de pesos, la constructora RVG pediría una investigación a la Contraloría, adelantó el abogado Andrés Durán.
Todos coinciden que el proyecto nunca debió ser adjudicado por 850 millones de pesos, monto que entregó el Consejo de la Cultura a la Municipalidad de Tomé. La licitación fue declarada desierta en dos ocasiones, ya que todas las propuestas llegaban a los mil 300 millones de pesos.
La corporación edilicia intentó sin éxito buscar recursos extras para impedir que la constructora abandonara la obra, lo que ocurrió al completarse el 90% del centro cultural y paralelamente con el cobro de las boletas de garantía.
El origen de los problemas con la iniciativa cultural, asegura la alcaldesa Rivas, está en la gestión del ex jefe comunal, Eduardo Aguilera.
Este próximo viernes hay una audiencia de conciliación en el Juzgado de Letras de Tomé. La única solución para permitir reanudar los trabajos, cree la constructora RVG, es que la municipalidad devuelva el dinero de las boletas de garantía y aporte los dineros que faltan: un total de al menos 200 millones de pesos.
