El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, se desmarcó de la polémica surgida a partir de los dichos de dos dirigentes sindicales de Puerto Montt, que acusaron al Ministerio Público de intentar encarnar la Ley Hinzpeter a través de querellas hacia quienes convocan a las marchas estudiantiles.
Debe recordarse que a partir del cierre de una querella por falta de antecedentes, el ex presidente provincial de la CUT, Jaime Bustamante, y la actual presidenta del Colegio de Profesores de Puerto Montt, Rosalía Ulloa, acusaron que el Ministerio Público había intentado encarnar fallidamente la denominada Ley Hinzpeter en la capital regional de Los Lagos, formalizando a los convocantes de las marchas, lo que fue interpretado como una persecución política hacia los dirigentes para despotenciar el movimiento estudiantil.
Para el abogado Jorge Vásquez, que representó a los cuatro dirigentes sindicales, formalizados por daños y desórdenes tras una marcha autorizada en agosto de 2011, el Ministerio Público pretendió inculparlos por los desórdenes, pese a que éstos fueron cometidos varias horas después de terminada la movilización.
El fiscal jefe de la región de Los Lagos, Marcos Emilfork, declinó referirse directamente a la acusación política hecha por los dirigentes, señalando que el Ministerio Público persigue responsabilidades penales sólo desde el punto de vista técnico.
Sobre este tema el gobernador provincial de Llanquihue, Francisco Muñoz, señaló tras la acusación que los convocantes a las marchas deben asumir sus responsabilidades por los desórdenes. “Ningún problema”, dicen los dirigentes, “siempre y cuando éstos se cometan durante la realización de las marchas y no después que éstas terminan”.
