La guerra contra el narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) sumió a México en una de las peores crisis de América Latina en materia de personas desaparecidas, denunció este jueves la organización Human Rights Watch.
“Las cifras son abrumadoras en casos de desaparecidos” en el gobierno de Calderón, lo que desata una “crisis” que “coloca a México casi a la vanguardia de lo que ha ocurrido lamentablemente en América Latina en este tema”, dijo el jueves José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco presentó este jueves a la prensa el informe “Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada” en el que documenta 149 casos de desapariciones forzadas, es decir en las que estuvieron involucrados fuerzas de seguridad federales y locales.
El documento también se refiere la problemática de miles de personas que están reportadas como extraviadas en México y que la secretaría de Gobernación estimó en 27.523 hasta noviembre de 2012, pero sin especificar cuándo inició este conteo.
El informe de Human Rights Watch representa sólo “una pequeña” parte de los casos de personas desaparecidas, añadió Vivanco al citar cifras de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estima en 2.352 los desaparecidos y en 24.091 las extraviadas en el gobierno de Calderón.
Al comparar a este país con naciones latinoamericanas que vivieron bajo dictaduras, Vivanco citó el caso de Brasil con 137, Chile 3.000, Argentina 10.000 y al mismo México con 500 casos durante la llamada “guerra sucia” de los setenta y ochenta contra movimientos de izquierda.
“Este legado de violaciones gravísimas a los derechos fundamentales de los mexicanos se produjo durante el gobierno del presidente Calderón y formó parte de lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico”, añadió Vivanco.
“Fue guerra contra el narcotráfico donde todo estaba permitido. Esto es el resultado de una guerra sin controles” en la que las víctimas eran señaladas como “delincuentes abatidos, o que cayeron como cucarachas”, añadió.
La gestión de Calderón estuvo marcada por una ofensiva antidrogas con más de 50.000 militares y miles de policías federales que se acompañó de una ola de violencia ligada a las pugnas entre los cárteles de las drogas que dejaron más de 70.000 muertos en el anterior gobierno, según cifras oficiales.
Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumió la presidencia el pasado 1 de diciembre con el compromiso de modificar la estrategia antidrogas y restablecer la paz, aunque no ha delineado del todo su programa.
“El gobierno actual no tiene responsabilidad alguna en este fenómeno, pero tiene la responsabilidad de abordar este problema y de corregir los abusos y afrontarlos”, añadió Vivanco al demandar que se realicen investigaciones serias que permitan que se apliquen a los responsables “castigos proporcionales a las atrocidades cometidas”.
En su investigación por distintos distritos mexicanos, Human Rights Watch encontró que hubo negligencia de las autoridades para investigar los casos, se eliminaron o sembraron pruebas, se extraviaron incluso expedientes y se amenazaba a los familiares de las víctimas.
“Cuando hay avance en las investigaciones es porque los familiares las hacen. Los verdaderos ministerios públicos (fiscales investigadores) son los papás y las mamás”, añadió.
El equipo de Human Rights Watch buscó entrevistarse con el presidente Peña Nieto, pero “por problemas de agenda” no fue posible y Vivanco se reunió el miércoles con el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Angel Osorio Chong.
Los derechos humanos están presentes en el discurso del nuevo gobierno, lo que es un signo “esperanzador”, añadió Vivanco, pero se requiere un “plan de acción concreto para abordar los miles de casos de desapareciones” y que la problemática no quede “sólo en estadísticas”.
La subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación se ha comprometido a dar a conocer la próxima semana detalles sobre la base de datos que reporta 27.523 casos de personas extraviadas y que reúne informaciones de fiscalías de todo el país.