Criticas desde la oposición tuvo el nuevo proyecto de ley sobre acreditación, ya que indicaron que no sirve si no se elimina completamente el lucro en la educación.

Mientras, legisladores del oficialismo aseguraron que la legislación deja vacíos importantes y afirmaron que se les debería haber consultado antes por este tema.

La nueva ley de acreditación universitaria será enviada en los próximos días para ser discutida en el Congreso. Desde el oficialismo recibieron positivamente la iniciativa legal que lanzó este jueves el presidente Sebastián Piñera junto con el ministro de Educación, Harald Beyer.

La senadora de la Unión Demócrata Independiente, Ena Von Baer, aseguró que le parece muy bueno que exista una ley sobre este tema, pero indicó que le hubiese gustado poder discutirla con el ministerio antes de que fuera presentada.

Agregó que no le parece positivo que sea el ministro de Educación el encargado de escoger a la terna para incluir esta nueva Agencia de Acreditación.

A su vez, el presidente de la Comisión Investigadora por el caso de la Comisión Nacional de Acreditación en la Cámara de Diputados, el gremialista Romilio Gutierrez, afirmó que se deberá estudiar en profundidad, ya que deja algunas dudas sobre temas fundamentales en educación, por ejemplo, qué pasará con las instituciones que no queden acreditadas.

Una visión mucho más crítica es la que tiene la diputada Alejandra Sepúlveda, quien aseveró que el Gobierno sólo hace soluciones de parche sobre un tema más global que es cómo lograr que no exista lucro en la educación.

Postura que es compartida por los estudiantes univeritarios. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, aseveró que ninguna medida que tome el Gobierno es suficiente si es que no se logra terminar con el lucro.

A su vez, Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, afirmó que le parece positiva la iniciativa lanzada por el Ejecutivo, especialmente por el hecho que los cinco miembros de la nueva Agencia de Acreditación sean escogidos tanto por el Presidente como por el ministro de Educación.

Agregó que actualmente una universidad privada – por muy buena que sea – puede ser mal juzgada por la gente, por lo que es positivo que una institución competente y con dedicación exclusiva la encargada de las acreditaciones.