El presidente Porfirio Lobo convocó a un diálogo para evitar que Honduras, sacudida en 2009 por un golpe de Estado, caiga en una crisis política luego de que el Congreso destituyó a jueces que fallaron contra el proceso de depuración de la Policía, infiltrada por el crimen organizado.
Lobo llamó a un diálogo “amplio y abierto” a los líderes de los poderes del Estado, en un cadena de radio y televisión que ofreció a primera hora de este jueves, previo a viajar a Managua para asistir a una cumbre centroamericana.
“Debemos recordar que todos somos Honduras y solo juntos hemos logrado superar las mayores dificultades que hemos enfrentado”, dijo al aludir a la severa crisis que provocó el golpe de Estado que derrocó en junio de 2009 al presidente Manuel Zelaya.
Lobo precisó que convocó, en fecha no precisada, al presidente del Congreso, Juan Hernández, y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera, “con un único propósito: hacer lo mejor por el pueblo hondureño”.
“El diálogo será amplio y abierto para construir una salida y un ambiente de colaboración, interacción y cooperación entre todos por el bien de Honduras”, dijo.
“La independencia y la complementariedad de los poderes del Estado es fundamental y estaremos unidos todos en una altísima coordinación y armonía”, destacó.
El llamado de Lobo se da un día después de que el Congreso destituyó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional por fallar hace dos semanas contra de la aplicación a policías de pruebas como el detector de mentiras, una medida aprobada por el Congreso como parte de la depuración policial que impulsa desde hace un año el gobierno de Lobo.
Lobo se ha quejado públicamente de la decisión de la Sala Constitucional, e incluso ha hablado de supuestas conspiraciones en su contra.
En un año, la CSJ ha fallado en contra de al menos ocho decisiones adoptadas por la legislatura y de proyectos de interés del Gobierno, como las “ciudades modelo”, al estilo Hong Kong.
La Sala Constitucional dio su fallo sobre la depuración al acoger un recurso según el cual las llamadas “pruebas de confianza” (antidrogas, polígrafo y otras) obligan a declarar en contra de sí mismo y eso violenta la ley.
Como el recurso no fue adoptado por unanimidad, según la legislación hondureña el caso debe ser resuelto por los 15 magistrados de la CSJ en un plazo que se cumple esta semana.
El proceso de depuración en la Policía -de 14.500 miembros-es un tema sensible en Honduras, considerado por la ONU como el país sin conflicto bélico más violento del mundo, pues hace un año se descubrió que cientos de sus efectivos estaban involucrados en tráfico de drogas, secuestros, robo de autos y extorsión.