El caso del exciclista Lance Armstrong, condenado por hechos en su mayor parte prescritos y en base a testimonios de excompañeros de equipo dopados, deja perplejos a numerosos especialistas de Derecho deportivo, que lamentan una decisión que no ven ajustada al reglamento.
“El asunto es excepcional por su amplitud, pero eso no es razón para que no se apliquen los reglamentos o que incluso no se tengan en cuenta, como ha sido el caso”, estima Antonio Rigozzi, profesor de Derecho del Dopaje en la Universidad de Neuchâtel (Suiza).
Este abogado suizo comprende que para evitar un “suicidio mediático” la Unión Ciclista Internacional (UCI) haya preferido validar la decisión de la Agencia Antidopaje Estadounidense (Usada) y arrebatar los siete Tours de Francia al corredor texano. Pero considera que para ello “se ha primado el aspecto político sobre el jurídico”, lo que resta credibilidad en su opinión.
“No es un procedimiento antidopaje clásico, sino un +procedimiento Armstrong+. Se concentra exclusivamente sobre él y se aceptan a su vez testimonios favorables al caso”, lamenta Alexis Schoeb, otro abogado suizo especializado en el deporte.
“Muchos exciclistas admiten ahora sus culpas, como Jonathan Vaughters, el patrón del equipo Garmin. En esos casos, el plazo de prescripción de ocho años ha sido respetado”, subraya.
“Para algunos se aplican las reglas y para Lance Armstrong, claramente, no se hace. Hay dos baremos, dos formas de medir”, dice.
Por su parte, el abogado francés Jean-Jacques Bertrand cree que la Usada ha conseguido un buen golpe político al poner a disposición en su web un informe “muy detallado” que hace complicado cualquier recurso.
“Nadie se atreve a criticar a la Usada, por miedo a aparecer como defensor de Armstrong. Pero hay que tener jueces que estén por encima de los sentimientos y que apliquen el Derecho tal y como está escrito”, señala este exárbitro del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).
Para Alexis Schoeb, el ‘caso Armstrong’ merecería terminar ante el TAS para que se logre una decisión jurídicamente satisfactoria: “Ahora hay demasiadas zonas de sombra. El debate sobre este caso es positivo porque permite que las cosas se muevan, invita a poner en cuestión el +sport business+”.
En su opinión, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que tiene todavía tres semanas para recurrir ante el TAS, también podría ser objeto de reproche si clasifica el caso tal y como está ahora.
“En el caso de Alberto Contador, las autoridades deportivas, especialmente la UCI, no dudaron en recurrir. En principio se debería esperar la misma forma de actuar, para asegurar la buena aplicación del reglamento, incluso aunque sea a favor del deportista”, dice Schoeb.
Un recurso de la AMA parece, sin embargo, poco probable, ya que se ha mostrado “satisfecha de que el mayor escándalo de dopaje de la historia del deporte esté cerca de llegar a una conclusión justa y apropiada”.
“Lo que molesta a un jurista es constatar que las organizaciones antidopaje no parecen estar muy dispuestas a recurrir, sólo cuando el reglamento se viola a favor del deportista. Su objetivo no debería ser lograr condenas a cualquier precio, sino decisiones justas y conformes a las reglas aplicables”, insiste Rigozzi, que también cree que la AMA debería recurrir.
