La presentación que realizó durante la sesión del Consejo de Desarrollo Sustentable de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

Próximamente en Chile, entrará en vigencia el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), con el objetivo de evaluar proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases.

Es por ello, que en el marco de la reunión mensual del Consejo de Desarrollo Sustentable de la AIA, se abordó los principales alcances de este nuevo reglamento, el cual fue presentado por el director regional Antofagasta del Sistema de Evaluación Ambiental, José Adolfo Moreno, quién dio a conocer el nuevo reglamento del SEA, el cual califica y evalúa a las empresas industriales con respecto al impacto ambiental que estas generan al entorno en que se sitúan.

Moreno señaló que el nuevo reglamento tiene como objetivo asegurar la protección del ambiente de manera eficaz y eficiente, y para ello el organismo realizará una evaluación en etapas tempranas con el fin de determinar si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes establecidas por el SEA.

Otras de las características que presentan las modificaciones al SEA, son nuevos lineamientos que se basan en implementar un mejor mecanismo de evaluación, destacando a la vez el rol del coordinador y autoridad del servicio de evaluación, donde no sólo coordina los distintos órganos del Estado, sino que a la vez dirigirá y gobernará ejerciendo la autoridad en el proceso de calificación, donde aprobará o rechazará un proyecto o actividad según las exigencias ambientales fundadas.

“El propósito de este reglamento es, incorporar a todos los interesados y mejorar principalmente el método de evaluación, centrando la discusión en los aspectos ambientales importantes de cada empresa o proyecto industrial, con el fin de que estos se hagan cargo de los impactos ambientales que generan en el entorno”, comentó el Gerente General de la AIA, Fernando Cortez.

A ello se suma la ampliación al proceso de participación ciudadana, con el fin de que la comunidad se mantenga informada durante el proceso de calificación, es decir, que las personas tengan derecho a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta de ellas, sentenció Moreno.