La huelga general en la ciudad panameña de Colón, en contra de una ley que autoriza la venta de tierras estatales, entró este martes en su segundo día acompañada de disturbios callejeros y sin visos de diálogo entre los opositores y el gobierno.
Funcionarios del gobierno se desplazaron a Colón, 80 km al norte de la capital, para intentar un diálogo con los huelguistas, pero estos rechazaron cualquier negociación mientras la ley esté vigente.
“Estamos esperando que la contraparte en estas conversaciones se ponga de acuerdo. Aparentemente hay diferencias entre grupos más radicales que no quieren dialogar”, dijo al canal Telemetro el secretario de Comunicación, Luis Eduardo Camacho.
Mientras tanto, por segundo día consecutivo, cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, cerraron las calles con barricadas y lanzaron piedras y palos a los agentes policiales, quienes respondieron con gases lacrimógenos, según imágenes transmitidas por los noticiarios de televisión.
Desde primeras horas del martes, cientos de personas se manifestaron en diversos puntos de Panamá, pero las principales movilizaciones se dieron en Colón, donde las protestas terminaron en una batalla campal, sin que hasta ahora haya reporte de heridos o detenidos.
“La situación en las calles de Colón es muy delicada y muy peligrosa”, dijo el diputado opositor Miguel Salas, presente en las protestas.
Los disturbios estallaron el pasado viernes luego de que el presidente Ricardo Martinelli sancionó la ley, y desde entonces han dejado el saldo trágico de un niño muerto y decenas de personas heridas y detenidas.
El alcalde de Colón, Dámaso García, aseguró que “las pérdidas económicas son muy grandes, en este momento incalculables”, ya que “la mayoría de los almacenes, supermercados y empresas no han podido abrir”.
En algunas tiendas de la ciudad se podían ver filas de personas que buscaban abastecerse, temerosas de que la crisis se agudice y empiecen a escasear los alimentos.
La controvertida ley autoriza la venta de tierras de la Zona Franca de Colón, de lo cual el gobierno obtendría unos 2.000 millones de dólares en los próximos 20 años para hacer inversiones sociales en la zona, una de las más deprimidas económicamente del país.
“Pensamos que la ley de zona libre es beneficiosa para la ciudad y la provincia de Colón y queremos explicarla (porque) hay mucha desinformación”, dijo a los periodistas el ministro panameño de Economía, Frank De Lima.
Según el gerente de la Zona Libre de Colón, Leopoldo Benedetti, “hay como un 60% de las empresas abiertas con los empleados que han podido llegar”.
“Todas estas tierras están ociosas, son del Estado y si logramos venderlas lograríamos mucho más dinero” para inversiones sociales en esa zona del país, según Benedetti.
Con más de 3.000 empresas en operaciones, la zona franca panameña movió en 2011 mercancías por más de 29.000 millones de dólares y aportó 1.700 millones de dólares a los 23.200 millones del Producto Interno Bruto de Panamá.
