Las fuertes críticas de la guerrilla de las FARC a la ley agraria colombiana son producto de su nerviosismo ante medidas que les “quitan sus banderas” políticas, dijo este viernes el presidente Juan Manuel Santos en su primer comentario sobre la instalación del proceso de paz el jueves en Oslo.
“Cuando estos señores de las FARC dicen que esta Ley es mentira es porque les estamos quitando sus banderas”, reaccionó el mandatario sobre las posiciones expresadas por la guerrilla comunista en Oslo, las que, al igual que las del gobierno, fueron duras pero abiertas al diálogo.
El gobierno de Santos impulsó el año pasado una ley de restitución de tierras que persigue devolver, antes del fin de su presidencia en 2014, unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias que se calcula que fueron desplazadas por la fuerza en Colombia desde 1991.
El desarrollo agrario integral es un punto central para las FARC, una guerrilla fundamentalmente campesina, y será el primero de los cinco temas de la agenda de paz que comenzará a discutirse el próximo noviembre en La Habana.
El número dos de las FARC y jefe del grupo negociador, Iván Márquez, dijo el jueves en Oslo que la pobreza y la desigualdad se siguen agudizando en el campo colombiano.
Márquez consideró la ley de restitución de tierras como “una trampa” que acaba dejando al campesino con la única opción de vender ese terreno a las multinacionales a las que acusa de explotar los recursos naturales de Colombia.
A través de su programa de radio oficial, Santos replicó este viernes que la aplicación de la ley “va viento en popa”.
También recordó que el 38% de los campesinos que presentaron demandas de restitución de tierras señala a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como las causantes del despojo o el abandono forzoso de sus propiedades.
Esa cifra es parte de un informe del Ministerio de Agricultura en el que se señala a los desmovilizados grupos paramilitares como responsables de alrededor del 40% de esas demandas por apropiaciones violentas.
Colombia registra más de 3,7 millones de personas desplazadas, una de las cifras más altas del mundo.
