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Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recursos de reclamación por ley de transparencia
Publicado por: Poder Judicial
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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó dos reclamos de ilegalidad en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia (CPLT) que entregó acceso a la información a ciudadanos que solicitaron datos a la Dirección del Servicio Civil y al Servicio de Impuestos Internos, respectivamente.

En el primer caso (causa rol 7514-2010), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros del Lamberto Cisternas, Javier Moya y el abogado integrante √Āngel Cruchaga- ratific√≥ la determinaci√≥n que orden√≥ entregar datos a Heydi Leiva Henr√≠quez.

La mujer solicit√≥ a la Direcci√≥n de Servicio Civil los puntajes que obtuvo en un concurso, llamado por la Alta Direcci√≥n P√ļblica, as√≠ como los puntajes de los dem√°s postulantes.

La entidad requerida argumentó que la información tenía el carácter de reservado; sin embargo, el tribunal de alzada respaldó el actuar del CPLT que priorizó la publicidad del proceso sobre la reserva establecida en este tipo de concursos.

‚ÄúQue, se ha concluido por la jurisprudencia nacional, roles N¬įs 2275 y 2355, ambos del a√Īo 2010, que la publicidad de los actos de la administraci√≥n constituye un principio de rango constitucional, cuyas excepciones deben ser interpretadas en car√°cter de restrictivas. As√≠, las causales legales no han sido, ya sea probadas por el reclamante o que ellas fluyan de los antecedentes, todo lo cual hubiese permitido, razonablemente, denegar la informaci√≥n por afectar, amagar o lesionar algunos de los bienes o intereses jur√≠dicos que justifiquen el secreto o la reserva‚ÄĚ, dice el fallo.

La resoluci√≥n agrega: ‚ÄúLo que debe primar, entonces, es el principio gen√©rico de la transparencia que, en el caso actual, por el hecho de la informaci√≥n requerida, no se aprecia una afectaci√≥n a los derechos eventualmente vulnerados que se esgrimen. De all√≠ que tambi√©n esta Corte ha establecido que las causales de reserva deben ponderar adecuadamente los valores en contraposici√≥n, siendo la interpretaci√≥n con car√°cter restrictiva, todo en un contexto donde no se fundamenta un da√Īo espec√≠fico a un valor o un derecho jur√≠dicamente protegido. El test de da√Īo, entonces, no ha sido superado y parece evidente que en el caso que nos ocupa, el conocimiento de la informaci√≥n que el Consejo ha ordenado no afecta derecho alguno por el hecho de acceder a la entrega de puntajes de la propia solicitante y de los dem√°s participantes de los concursos, pero, en este √ļltimo caso, omitiendo el nombre de cada uno de ellos. Todav√≠a, la decisi√≥n adoptada por el Consejo no hace m√°s que consagrar los principios de relevancia y de m√°xima divulgaci√≥n que disponen las letras a) y d) del art√≠culo 11 de la ley de Transparencia pues se ha considerado de importancia la informaci√≥n requerida‚ÄĚ.

Planos comunales

En el segundo caso (causa rol 584-2012), los ministros de la Sexta Sala del tribunal de alzada Juan Manuel Mu√Īoz Pardo, Alejandro Madrid y Mar√≠a Rosa Kittsteiner, rechazaron la presentaci√≥n del SII en contra de la determinaci√≥n que le orden√≥ entregar datos a Diego Alvarado Hern√°ndez.

El requirente solicitó datos respecto de planos sectorizados de las comunas de la Región Metropolitana, los que fueron denegados por la entidad, argumentando que se trata de información que pertenece a cada municipio.

‚ÄúQue si la raz√≥n que esgrimi√≥ al Servicio para no entregar la informaci√≥n requerida fue que no le pertenec√≠a a √©l sino a las Municipalidades, debi√≥ de acuerdo al principio de facilitaci√≥n, art√≠culo 13 de la Ley de Transparencia, derivar a las entidades municipales que la poseyeran la solicitud de informaci√≥n que dio origen al amparo, a fin que ellas se pronunciaran acerca del requerimiento de entrega de copia electr√≥nica de los planos digitales sectorizados, que obraran en su poder, ello de acuerdo al art√≠culo 11 letras f) y h) del mismo cuerpo legal, sin embargo no lo hizo‚ÄĚ, dice el fallo.

La resoluci√≥n agrega: ‚ÄúTambi√©n es dable destacar que el recurrente no alega en su beneficio la existencia de alguna ilegalidad en el actuar del Consejo, solo se limita a justificar su no cumplimiento. Que el precedente argumento es b√°sico para los efectos del presente recurso, ya que solo si el actuar del Consejo contraviene la normativa legal, puede quien recurre de ilegalidad obtener se deje sin efecto la decisi√≥n de amparo que objeta, y en el presente caso no se divisa actuar que vulnere la normativa vigente‚ÄĚ.

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