El pasado miércoles el país fue testigo de la lucha de Luis Riveros por encontrar un trabajo. Un hombre de 73 años que, como muchos otros adultos mayores, aún siente que puede aportar a la sociedad y contribuir al crecimiento del país. Sin embargo, y como se mostró en la nota emitida por Chilevisión, su edad se ha transformado en un factor discriminatorio para encontrar un empleo. ¿El resultado? Sólo puertas cerradas.
Es por situaciones como la anterior que el diputado de la UDI, Enrique van Rysselberghe, propuso en 2011 la implementación de una serie de beneficios fiscales dirigidos a fomentar la contratación de todos esos adultos mayores que aún se sienten en condiciones y tienen las ganas de trabajar.
El planteamiento de EVR, inspirado en la experiencia internacional y bajo las políticas adoptadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), persigue revertir situaciones como la de Luis Riveros, a través de una serie de cambios en materia de subsidios al empleo, incentivos al reclutamiento y la creación de nuevos esquemas de trabajo en el sector público. Disposiciones que –según lo señaló el parlamentario- “beneficiarían directamente a todas las empresas que contraten a trabajadores de la tercera edad”.
Dicha propuesta se plasmó en un proyecto de acuerdo, aprobado por la Cámara Baja en 2011, el cual solicitaba al Ejecutivo implementar una serie de medidas, principalmente, modificar el artículo 31, inciso tercero, N° 6º, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, permitiendo al contribuyente de Impuesto a la Renta de Primera Categoría, contratante de personas naturales en edad de recibir pensiones de vejez, descontar de su renta bruta un gasto presunto, equivalente a un porcentaje de la remuneración efectivamente pagada a estos trabajadores, por sobre la deducción ya permitida (esto último en caso de contribuyentes que tributen en base a renta efectiva), por rentas de cualquier monto, pero con tope del equivalente al sueldo mínimo.
Asimismo, se solicitaba, entre otros, un subsidio a las empresas por la contratación de personas mayores de ciertas edades, durante el primer año de contratación, o más.
En el caso de los contribuyentes afectos a Renta Presunta, se propuso que el beneficio consista en la deducción de la base imponible sobre la que se aplica la tasa del Impuesto a la Renta, de la misma cantidad señalada presentemente. En síntesis, también se trataría de un gasto presunto, con la particularidad de que se aplicaría contra una renta presunta, en vez de contra una renta efectiva.
En cuanto a los contribuyentes de Impuesto Global Complementario, Impuesto Único de Segunda Categoría e Impuesto Adicional, por la contratación de la misma clase de trabajadores, se pidió contemplar el beneficio tributario en la forma de un crédito tributario, directamente aplicable contra el impuesto respectivo, y que se exima a los adultos mayores que sean contratados bajo los beneficios señalados en los puntos anteriores, de Impuesto a la Renta por estos ingresos.
Para Enrique van Rysselberghe, esta idea “debe ser evaluada, pues constituiría un aliciente importante para promover la contratación de personas de la tercera edad, pues son muchos los adultos mayores que aún pueden seguir contribuyendo al país”, motivo por el cual hizo un llamado a todos los sectores a trabajar en la materia, en pos de la calidad de vida e inserción a la sociedad de este grupo etáreo.
“Es fundamental que desde todos los sectores trabajemos por dar nuevas oportunidades a nuestros adultos mayores, a través de políticas efectivas que se traduzcan en más facilidades, mejores condiciones y mayor empleo para ellos”, concluyó.
