La fiscalía general de Pau (suroeste de Francia) pidió el martes la extradición a España de Juan María Múgica Dorronsoro, presunto miembro de ETA detenido en Francia el 4 de julio y objeto de una orden de captura emitida por la justicia española.

En una audiencia realizada el martes en la Corte de Apelaciones de Pau, el fiscal general pidió la extradición de Múgica, estimando “regulares” las formalidades legales de la orden de captura europea emitida por España por pertenencia a una organización terrorista y tenencia de armas de fuego y explosivos con vistas a un asesinato terrorista.

“Las formalidades son legales, las fechas, los lugares y el papel de Múgica están establecidos, así como su grado de implicación”, sostuvo la fiscalía.

Múgica es acusado, según los documentos leídos en la audiencia, de haber pertenecido a un comando de la organización vasca armada ETA encargado “de asegurar el transporte y la entrega entre Francia y España de materiales explosivos destinados a atentados”.

Ese comando habría comenzado sus actividades en 2001 para transportar un lanzamisiles que debía ser entregado a un comando para perpetrar un atentado contra el entonces presidente del gobierno español José María Aznar.

Ese mismo comando habría efectuado otros transportes de material entre Francia y España en 2002 y 2006.

Múgica huyó en enero de 2010 para escapar a “una operación de la Guardia Civil llevada a cabo en Lizarza (Guipúzcoa)” en la que “fue desarticulado un comando de ETA de transporte de material”, según las autoridades españolas.

Fue detenido el 4 de julio en Barcus (suroeste de Francia) y al día siguiente la justicia francesa ordenó su detención provisional.

Su abogado, Jean-François Blanco, pidió al tribunal “que no acepte el pedido de la fiscalía y que proceda a verificaciones de procedimiento relativas a la orden de captura” emitida por España.

El abogado alegó que “las indicaciones provistas por la orden de captura respecto a la fecha, los lugares y el grado de implicación son sumarias”.

Señaló asimismo que una parte de los hechos reprochados a su cliente tuvieron lugar en Franci” y argumentó que en tal caso la jurisprudencia estipula que “la justicia francesa tiene la posibilidad de rehusar la entrega”.

Blanco sostuvo asimismo que “en España se practica la tortura” y pidió al tribunal que se asegure “ante las autoridades españolas de que se respete el artículo 15 de la convención contra la tortura de Nueva York en este procedimiento”.

La Corte de Pau emitirá su veredicto el 17 de julio.