Diversas observaciones manifestaron especialistas del ámbito público y privado en torno al proyecto del Ejecutivo que establece normas sobre la actividad del lobby, iniciativa que ingresó originalmente al Senado el 5 de noviembre de 2008.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, sostuvo que es necesario regular tanto lo que se podría considerar como lobby profesional como el informal, definiendo en cada caso que es preciso transparentar todo tipo de reunión, inclusive las llamadas coloquiales, cuando éstas tengan un carácter de promoción de intereses.

Ferreiro llamó a no limitar el tipo de interés que pueda estar en juego, es decir, si es de carácter particular o general. Asimismo, criticó el sistema sancionatorio que se propone, estimando que éste puede ser puesto en jaque al privilegiarse una suerte de “solidaridad” entre jefaturas.

En una línea muy similar, el director de Asesoría Política Legislativa del Centro Democracia y Comunidad (CDC), Jorge Claissac, tras exponer antecedentes de legislación comparada, defendió la idea de establecer un registro de lobbystas, estableciendo una diferenciación entre los que desarrollan la actividad profesionalmente de los que no lo hacen.

Coincidió también con Ferreiro en término de ampliar el concepto de lobby a reuniones que pueden tener un carácter informal y en criticar el formato establecido para la fijación de sanciones. Además, solicitó que se incluya a los jefes de división dentro de las autoridades que pueden ser sujetos pasivos de lobby u otras gestiones que representen intereses particulares.

El director de Relaciones Políticas y Legislativas de Extend, Felipe del Solar, se mostró partidario de reivindicar la figura del “registro”. Planteó que el lobby profesional podría estar definido conforme a un criterio de habitualidad, que podría ser medido y verificado a través de las nuevas tecnologías, superando dificultades presentadas en trámites anteriores de esta iniciativa legal.

Respecto de la fiscalización, dijo que es una materia de principio para ellos que exista una instancia independiente que tenga la capacidad de velar por el cumplimiento de esta ley, así como la fijación de algunas de las normas básicas.

“Nos parece que debieran ser aplicables a instituciones como la nuestra, que ofrecemos el servicio de gestión de intereses para terceros, el que estemos siempre obligados a revelar con claridad la naturaleza del interés que estamos defendiendo, la empresa o institución para la cual estamos desarrollando este tipo de gestiones y entregar siempre información fidedigna y completa”, puntualizó.

El presidente de la Comisión de Constitución, diputado Cristián Monckeberg (RN), reconoció que hubo observaciones al proyecto de todo tipo por parte de los invitados, destacando del conjunto la falta de una definición de lobby, la existencia de un registro y la diferenciación entre los que desarrollan la actividad en forma remunerada de los que no lo hacen.

“Me quedo como conclusión que estamos frente a un proyecto que tiene el sello del Gobierno, de no regular excesivamente, pero que existen dudas sobre ese punto”, enfatizó.

Para el diputado Jorge Burgos (DC), la indicación sustitutiva del Ejecutivo tiene un sentido interesante respecto de otorgar obligaciones de transparencia a los funcionarios públicos en sus distintos órganos, sin embargo dijo tener serias dudas de que se esté en presencia de un proyecto que regule el lobby.

“El lobby ahí no se regula, lo que se regula son mayores normas de transparencia y que por esa vía se le pone un cierto atajo al lobby oculto, sí, pero creo que es indispensable progresar en la regulación del lobby y eso se puede hacer en este proyecto o se puede convertir en una indicación para el tema de la transparencia y la probidad que está considerado en el proyecto que se está tramitando en el Senado. Yo quiero escuchar al Ejecutivo, porque creo que siendo una buena iniciativa no creo que esté vinculada necesariamente a la regulación del lobby”, recalcó