Once municipalidades de la región de Los Ríos, movilizados por el pago del incremento previsional, adhirieron al paro de funcionarios municipales. Dijeron que en la zona la mayor traba es el presidente de Asociación de Municipios de Los Rios, el alcalde de Valdivia Bernardo Berger.

A juicio de los movilizados, no existe en los municipios del país una nivelación salarial, ya que la gran cantidad de los casos para pagar el incremento previsional se ha encontrado con que las Cortes de Apelaciones han fallado tanto a favor como en contra para hacer efectivo la cancelación de la deuda que se arrastra desde el año 2008, y que en la región de Los Ríos alcanzaría los 60 millones por mes.

El presidente de la Federación de Funcionarios Municipales de Los Ríos, Antonio Parraguez, reafirmó que en la zona existen municipios que han llegado a advenimientos o transacciones con los funcionarios, y otros en los que simplemente no se quiere pagar, y por tanto iniciaron este paro, según dijo, de advertencia.

Incluso, aseguró que por falta de voluntad política no se llega a acuerdo, criticando duramente al presidente de la Asociación de Municipios de Los Ríos, al alcalde de Valdivia Bernardo Berger.

Éste fue tildado como una traba para la solución del conflicto, luego que el edil durante la mañana en conferencia de prensa dijera que, dada las normativas existentes en este tema, no correspondía que los funcionarios municipales se manifestaran.

En la región de Los Ríos, los municipios con problemas son La Unión, Valdivia, Los Lagos, Futrono y Panguipulli, según indicó Parraguez.

Aunque en las corporaciones se están efectuando los pagos, aún están proclives a que las cortes de apelaciones o Suprema determinen algún fallo adverso con la posibilidad de devolver los dineros a los municipios.

Los movilizados, a través de comunicados de prensa, llamaron a las autoridades a demostrar mayor apoyo por un problema creado, a juicio de los movilizados, por la Contraloría General de la República, que autorizó con un primer dictamen el pago de este emolumento y luego se retractó, lo que genera un problema judicial en más de 200 municipios del país.