Llegas a la oficina y todos tus compañeros de trabajo están conteniendo la risa. No sabes de qué se trata, hasta que descubres que uno de ellos aprovechó que tu cuenta de Facebook quedó abierta e hizo varios anuncios en tu nombre que harían sonrojar a Daniel Vilches.
Gracioso, ¿verdad? Desde ahora, no en Argentina.
Esto, tras la decisión de la justicia trasandina de que la instrusión en una cuenta de Facebook será equiparada al delito de “violación de correspondencia”, convirtiéndolo en un ilícito a nivel federal, indica el diario rosarino La Capital.
La causa tuvo lugar en la provincia de Río Negro, donde un padre denunció que un desconocido había ingresado en la cuenta de su hijo menor de edad, desde la cual “insultó, amenazó y acusó no sólo a aquellas personas que el menor tiene agregados en su cuenta, sino también a otras”.
En primera instancia, la justicia federal con asiento en la ciudad de Viedma habría rechazado esta tesis, indicando que “el ingreso ilegítimo a la cuenta Facebook no estaría incluida en esa hipótesis (de la violación de correspondencia), dado que su acceso resulta independiente de la cuenta de correo” y que tal accionar “no habría afectado intereses nacionales ni a la comunidad en general”, cita La Capital.
Sin embargo el titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional II, también de Viedma, devolvió la investigación al ámbito federal, al sostener que “el hecho importa una violación a la correspondencia e intimidad del menor, titular de la cuenta”.
Ante la diferencia de opiniones, fue finalmente el procurador general interino, Gonzalo Warcalde, quien examinó el caso y confirmó que se trata de un delito federal.
“Una cuenta privada de Facebook estaría dentro del concepto de “comunicación electrónica” o de “dato informático de acceso restringido”, en los términos del artículo 153 del Código Penal, según la ley 26.388, razón por la cual “estaríamos ante un hecho de violación de correspondencia”, señaló.
“La Justicia Federal es competente para conocer en la presunta violación de correspondencia, dado que ello supone la comisión de aquellos crímenes que violentan o estorban la correspondencia de correos” y añadió que las injurias o amenazas a través de esa red también deben ser investigadas por el fuero federal ya que “esos hechos forman parte de un único propósito delictivo”, concluyó el legista.
Según la legislación argentina, quienes sean considerados culpables de este delito, podrán pasar entre 15 días a 6 meses de prisión, sin embargo si la información obtenida o difundida alcanza carácter público a través de un medio de comunicación, la pena podría llegar hasta 1 año de cárcel.
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