En un claro gesto a la comunidad hispana, el gobierno de Barack Obama anunció el viernes que cesará de deportar bajo ciertas condiciones a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos con menos de 16 años, una reforma que puede beneficiar a más de 800.000 personas.

Es un cambio profundo de estrategia de deportación con evidentes implicaciones electorales, en un año en que el presidente demócrata se juega su reelección.

“Con vigencia inmediata, ciertos jóvenes que entraron en Estados Unidos siendo niños, que no presentan un riesgo para la seguridad nacional ni para la seguridad pública y que cumplen con varios criterios clave serán considerados” para eludir el proceso de deportación, explicó el comunicado del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

“Los que demuestren que reúnen los criterios podrán solicitar un aplazamiento de dos años, y ese periodo estará sujeto a renovación”, indicó la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, en rueda de prensa telefónica con periodistas.

“No tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos (…) simplemente a causa de las acciones de sus padres o de políticos”, dijo Obama en una declaración en los jardines de la Casa Blanca, que fue interrumpida brevemente por un periodista que se oponía a la medida.

“Esto no es una amnistía. Esto no es inmunidad. No es un camino para lograr la ciudadanía”, advirtió Obama.

El presidente de México, Felipe Calderón, saludó a través de la red social Twitter la iniciativa de Obama: “Bienvenida decisión de @BarackObama de no deportar jóvenes indocumentados que cumplan requisitos. Justo reconocimiento a sus contribuciones”, escribió.

Por su parte, el canciller peruano Rafael Roncagliolo calificó el hecho de “decisión histórica y un éxito desde el punto de vista de los derechos de los migrantes”.

En la misma línea, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo “aplaudir esta iniciativa que favorece a millones de latinos en situación irregular”.

La iniciativa “beneficiará a muchas familias, evitando las consecuencias de la separación forzada de sus miembros”, añadió en un comunicado.

Los individuos que quieran beneficiar de las nuevas reglas deberán demostrar que han residido en Estados Unidos en los últimos cinco años y su presencia en el país cuando fue emitido este memorando.

También deberán estar inscriptos en la escuela, o demostrar que se han graduado de secundaria u otro certificado similar, o ser veteranos con honores, puesto que los beneficiarios pueden tener hasta 30 años de edad.

Los que resulten beneficiados podrán solicitar un permiso de trabajo temporal.

En total podrían beneficiarse unas 800.000 personas, explicó un alto funcionario en una rueda de prensa telefónica.

El centro de análisis Pew Hispanic calculó por su parte que hasta 1,4 millones de jóvenes podrían beneficiarse, la mitad de ellos menores en la escuela y la otra mitad con edades entre 18 y 30 años.

“Un sueño hecho realidad”, reaccionó en un comunicado el Consejo de Inmigración estadounidense, una ONG.

En Los Angeles, decenas de hispanos salieron a festejar la noticia.

Pero el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, estimó que “la acción que el presidente tomó hace más difícil” solucionar el tema migratorio, “ya que una orden ejecutiva es una acción de corto plazo”.

“Esta acción puede ser revertida por presidentes posteriores”, advirtió.

“El anuncio tiene motivaciones políticas que no hacen nada para avanzar el debate sino que en lugar de ello añaden confusión e incertidumbre”, reaccionó el senador republicano y derrotado rival de Obama, John McCain.

Durante más de una década, demócratas y algunos republicanos han presentado varias iniciativas en el Congreso para legalizar a esos jóvenes.

Esos proyectos legislativos son conocidos como “Dream Act”, y todos ellos han fracasado, mientras que miles de jóvenes indocumentados o “dreamers” (soñadores) salían a la luz pública para dar a conocer sus casos.

Este nuevo memorando de política de deportación de hecho retoma en buena parte las versiones más liberales del Dream Act, aunque sólo temporalmente.

Al suspender las deportaciones, el gobierno amplía aún más su política ya en vigor desde hace un año, según la cual la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) descarta sacar del país a los que no representan un peligro.

En Estados Unidos viven unos 11,5 millones de indocumentados. Bajo la presidencia de Barack Obama se ha deportado una cifra récord, más de un millón, en los últimos tres años.

El debate migratorio inspira gran controversia en Estados Unidos y la Corte Suprema debe pronunciarse en breve sobre una ley contra la inmigración ilegal promulgada en el estado de Arizona (sur).