A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que crea un Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, que permitirá a las policías contar con información sistematizada respecto de las personas que se encuentran con órdenes de aprehensión pendientes, luego que el Senado aprobara por amplia mayoría la iniciativa.
Ahora resta que la Cámara de Diputados se pronuncie, en tercer trámite, respecto de un cambio que le introdujo el Senado a la iniciativa, para que ésta quede en condiciones de ser remitida al Presidente de la República para su firma y promulgación.
El Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que la iniciativa “va en una dirección ciudadana, correcta y fortalece el combate en contra de la delincuencia y dispersa la sensación de impunidad”.
Cabe recordar que el proyecto trata sobre un registro al amparo del Servicio de Registro Civil, al cual los tribunales de justicia deben despachar la información cada vez que dispongan la orden de detención de un ciudadano.
Estarán en dicho registro los imputados que han sido declarados rebeldes; quienes se fuguen estando sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva; el condenado que no se presenta a cumplir su condena; el que estando dentro del recinto penitenciario se fuga y, también, al que se le revoca una medida alternativa y no concurre al recinto penitenciario a cumplir su condena.
La iniciativa establece que cuando la persona se presente ante tribunales, el juez debe oficiar para que sea eliminada de ese registro, constituyendo una falta muy grave que no lo haga. En tanto, el Registro Civil tiene un plazo de 12 horas para eliminar a la persona del registro.
A esta nómina tendrán acceso los tribunales de justicia, el Ministerio Público, Carabineros, la PDI, Gendarmería, el Registro Civil, los Departamentos de Tránsito para suspender la renovación de licencias de conducir y determinados órganos de la administración del Estado que entregan prestaciones de carácter económico.
