El gobierno de Estados Unidos demandó este jueves al polémico alguacil (sheriff) de Arizona Joe Arpaio, por discriminar a los latinos y violar sus derechos constitucionales, una decisión saludada con entusiasmo por organizaciones de derechos humanos y defensa de los inmigrantes.
“Desde al menos 2006 hasta el presente, los agentes del condado de Maricopa han discriminado ilegalmente a los latinos y violado sus derechos constitucionales de numerosas maneras”, dijo el asistente del fiscal general Thomas Pérez, en una conferencia de prensa en Maricopa, suburbio de Phoenix.
Estas violaciones incluyen “perfilamiento racial de los latinos en detenciones de tránsito, búsqueda y arrestos de conductores y pasajeros latinos y detenciones ilegales de latinos en redadas en hogares y puestos de trabajo”, añadió.
Arpaio, conocido en Arizona por sus redadas masivas y por las malas condiciones de internamiento de sus reos, “emprendió una práctica de conducta inconstitucional y/o violaciones de la ley federal”, explicó el Departamento de Justicia en un comunicado.
La demanda señala que el condado de Maricopa, la Oficina del Alguacil de Maricopa y el alguacil Arpaio repetidamente emprenden “acciones policiales inconstitucionales contra los latinos, que son con frecuencia detenidos y arrestados en base a su raza, color u origen”.
También los acusa de “prácticas discriminatorias en las cárceles contra los reos latinos con escaso conocimiento del inglés; y de retaliaciones ilegales contra los que percibe como sus críticos, que son sometidos a demandas criminales y civiles sin fundamento o a acciones administrativas sin bases”.
Arpaio, quien ha desestimado las investigaciones asegurando que son una estrategia política del gobierno de Barack Obama, respondió en una conferencia de prensa: “Me están usando para obtener el voto latino, para mostrar que están haciendo algo” por el tema migratorio.
Pero “no voy a rendir mi oficina al gobierno federal”, aseguró. “Lucharé hasta el final”.
La demanda, entablada en una corte federal de Arizona, pide a un juez federal que ordene la suspensión de las prácticas discriminatorias por parte de la policía de Maricopa y tiene lugar luego de que fracasaran varios intentos de negociar una solución al problema.
“Esta demanda es prueba de que estas personas han estado abusando del poder que piensan ellos que tienen, y nos da mucho gusto que el Departamento de Justicia tomara esta acción”, dijo a la AFP Petra Falcón, de la organización de defensa de los inmigrantes Promesa Arizona.
“Es un día de celebración, pero solamente es un paso, tenemos que seguir adelante para buscar un camino más positivo para toda Arizona”, aseguró.
“La gente lo odia, le tiene miedo” a Arpaio, aseguró Falcón.
Otros organismos de derechos humanos también saludaron la medida.
“Llegó el momento de que el alguacil Arpaio se enfrente a las acusaciones de discriminación contra los latinos”, dijo el Foro Nacional de Inmigración en un comunicado. “Nuestra Constitución y nuestras leyes prohíben el comportamiento abusivo con el cual Arpaio construyó su reputación”.
Igualmente se manifestó Cecillia Wang, directora del proyecto de los derechos de los inmigrantes de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU): “El Departamento de Justicia ha dado un gran paso adelante para poner fin al desenfrenado perfilamiento racial y las detenciones ilegales en el condado de Maricopa”.
Arizona, que es el principal punto de paso para indocumentados en la frontera con México, aprobó en 2010 una dura ley contra la inmigración ilegal que por primera vez estipulaba el fenómeno como un delito estatal. La constitucionalidad de la ley es analizada por la Suprema Corte de Estados Unidos.
Elegido por primera vez como sheriff en 1992, Arpaio ha sido reelegido ininterrumpidamente desde entonces.
