A fines de febrero, el Gobierno presentó el documento “Estrategia Nacional de Energía 2012-2030”, donde plantea la decisión de impulsar una “tributación a los males”, es decir, un eco impuesto a la generación más contaminante. Este concepto, en general, es compartido por la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) y desarrollado en toda su extensión en el documento “Chile necesita una gran reforma energética”, difundido en noviembre del año pasado.
El tema reflotó la semana pasada, cuando la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, destacó que la reforma tributaria que propone el Gobierno de Sebastián Piñera permitirá incorporar en una ley instrumentos económicos para promover directamente el cuidado del medio ambiente.
Se argumenta, por parte de quienes se oponen al eco-impuesto, que no se necesita, pues la industria eléctrica ya está haciendo lo suyo, con la inversión programada mil millones de dólares para cumplir con la reciente norma que rige las emisiones atmosféricas de las termoeléctricas. Pero olvidan mencionar que esa norma dejó fuera los metales pesados, que resultan tan o más perjudiciales para la salud de la población.
La CCTP analizó el efecto sobre la salud, la agricultura, los cursos de agua (ríos y lagos) y las obras civiles resultante de las emisiones contaminantes que se producen a pesar de la aplicación de la citada norma, planteando no solo la urgencia por imponer un eco-impuesto, sino que además el monto que se debería cobrar a las fuentes contaminantes por las externalidades negativas que su actividad provoca.
Los opositores al eco-impuesto argumentan, además, que éste es discriminatorio al afectar sólo a las centrales termo-eléctricas, ignorando que ellos se deben aplicar a todo tipo de fuentes emisoras, por ende estos impuestos deben estar incorporados al precio del combustible, lo que actualmente ocurre con el Impuesto Específico a los Combustibles, que contribuye a paliar, en parte, las externalidades negativas del transporte.
Quienes se oponen a esta tributación omiten señalar que los beneficios de los eco-impuestos contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto y que los principales socios comerciales de Chile, están asumiendo, con fuerza creciente, la reducción de la huella de carbono como un elemento clave de la comercialización de los productos que se transan en el mercado mundial.
Frente a la eventualidad de que los eco-impuestos tengan un efecto sobre los precios de bienes y servicios, podemos afirmar que ello ocurriría por una sola vez y que tampoco es seguro que ocurra, ya que el impuesto reforzará la importancia de la eficiencia energética y de las energías renovables las que contribuirán a reducir los gastos en energía de las empresas y de las familias.
Más aún: la aplicación de un eco-impuesto tendrá impactos beneficiosos en distintos ámbitos, pues por un lado permitirá sincerar los precios de las distintas alternativas energéticas, y por el otro, reducirá los gastos en salud, tanto del Estado como de las personas. A consecuencia de esto, mejorará la productividad de la economía al reducir los días perdidos por enfermedad. También reducirá las futuras barreras a nuestras exportaciones resultantes de una alta huella de carbono y favorecerá el desarrollo de una matriz energética más limpia, reforzando las opciones de la eficiencia energética y de las energías renovables no convencionales.
Por Pedro Maldonado y Rodrigo García Pizarro
Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria Para La Política y La Matriz Eléctrica (CCTP)
Pedro Maldonado es Académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Rodrigo García Pizarro es Director de la Asociación Chilena de Energías Renovables
