A las penas de 5 años y un día de presidio, sin derecho a ningún beneficio, fueron condenados los tres ex detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) que sustrajeron, en abril del año pasado, 14 mil dólares a dos ciudadanos extranjeros en la comuna de Colchane.

Si bien la Fiscalía y los querellantes solicitaron que fueran entregados a Gendarmería para el cumplimiento de la pena, dado que son ex funcionarios policiales, el Tribunal estimó que no estando la sentencia ejecutoriada, debían permanecer en dependencias de la PDI.

Tras más de un mes de juicio oral en que se presentó numerosa prueba testimonial, documental y pericial, los magistrados Felipe Ortiz de Zárate, Loreto Jara y Franco Repetto, dieron por acreditado que el 8 de abril del año pasado, cerca de las 19:00 horas, los afectados (un ciudadano boliviano y otro peruano) que se encontraban en el paradero de buses en la ruta A-55, comuna de Colchane, fueron abordados por los detectives Álex Toledo Riveros, Luis Domínguez Pérez y Nicolás Videla Rodríguez, quienes les solicitaron su documentación y les consultaron por el dinero que portaban.

Una vez que los afectados les mostraron el dinero, los acusados les quitaron los 10 mil 400 dólares que llevaba uno de ellos y los 3 mil 400 que portaba el otro; es decir, un total de 6 millones 446 mil pesos en efectivo, dinero que los acusados guardaron entre sus pertenencias.

Luego de lo anterior, las víctimas fueron subidas a la camioneta que conducían los acusados y llevados hasta un sector despoblado camino a Cariquima, con el consiguiente temor que las víctimas tuvieron por sus vidas.

Finalmente, las víctimas fueron bajadas del vehículo en un sector fronterizo, oscuro y deshabitado con el objeto de asegurar la impunidad del hecho.

El Tribunal señaló en su sentencia que la participación de los acusados fue confirmada con el reconocimiento preciso y categórico realizado por las víctimas de cada uno de los acusados, y tras una narración que fue plenamente creíble, consistente y concordante con el resto de la prueba.

Agregó que las víctimas no sólo reconocieron características físicas de cada uno de ellos, sino también los roles que cada uno cumplía y su ubicación al interior del vehículo policial.

El juicio fue llevado adelante por el fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres, quien al término de la lectura de sentencia, señaló que la Fiscalía está conforme con ésta, ya que el Tribunal acogió la prueba presentada, acreditando el hecho punible y la participación que los imputados tuvieron en el mismo.

Junto a la Fiscalía también estuvieron presentes los abogados querellantes en representación del Consejo de Defensa del Estado, del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos y del diputado Hugo Gutiérrez.