La Corte Interamericana de Derechos Humanos examinará desde el lunes en Guayaquil demandas por violaciones de derechos humanos contra varios países latinoamericanos, entre ellas la masacre de El Mozote, en la que militares salvadoreños mataron a unas mil personas en 1981.

Durante cinco días, el organismo autónomo de la OEA celebrará en Guayaquil (suroeste) su 45 período extraordinario de sesiones, en el que también tratará en audiencias públicas dos casos contra Guatemala y dictará sentencias en querellas en las que están involucradas Argentina y Honduras.

“No se abordarán casos del país anfitrión”, señaló la Corte IDH, con sede en San José y la cual sesionó en noviembre de 2010 en Quito, donde fue analizado un asunto de desaparición forzada presentado por el poeta argentino Juan Gelman con el auspicio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El proceso más emblemático en la agenda de Guayaquil, que será tratado este lunes, se refiere a las masacres en El Mozote (oeste salvadoreño) y otras cinco aldeas aledañas cometidas por militares entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, que dejaron al menos 1.000 muertos.

“El Ejército sometió a muchas de las víctimas a tortura y violaciones sexuales. Aproximadamente la mitad de las víctimas eran niños y niñas (…) Cientos de víctimas sobrevivientes tuvieron que desplazarse de manera forzada y desde entonces no han regresado a su comunidad”, señala la demanda.

En marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió ante la Corte la querella contra El Salvador por ese caso que, según el organismo afincado en Washington, sería “una de las manifestaciones más aberrantes de los crímenes de lesa humanidad”.

“El lunes tendremos la audiencia ante la Corte IDH sobre una de las más grandes masacres de América Latina”, dijo a la AFP la abogada Gisela de León, del CEJIL que impulsa la demanda junto a la Oficina de Tutela Legal del arzobispado de San Salvador.

Agregó que tres sobrevivientes de las matanzas presentarán sus testimonios, con miras a que la Corte dicte sentencia.

De León señaló que los demandantes, que iniciaron las acciones legales en 1990, reclaman reparaciones: que la justicia determine responsables y sanciones, y que mejoren las condiciones de vida en las zonas de las masacres, las cuales quedaron abandonadas tras los operativos militares de 1981.

“Hace falta determinar cuáles son las violaciones para que asuma el Estado salvadoreño y que la Corte le obligue a cumplir las medidas de reparación”, manifestó la defensora.

Añadió que a pesar de que el Estado salvadoreño “ha aceptado los hechos”, aún se desconoce con certeza la cifra de muertos por las masacres en El Mozote y áreas vecinas, estimándose que es de alrededor de 1.000.

“Es muy probable que las víctimas fatales sean más, pero el Estado nunca ha investigado el caso”, en el cual hay unos 300 sobrevivientes, indicó De León.

De acuerdo con los acusadores, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos encubrieron y negaron esos crímenes a pesar de que los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post los hicieran públicos.

Una ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz entró en vigencia en 1993 en El Salvador apenas cuatro días después de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad, el cual determinó que el conflicto armado en esa nación había dejado unos 75.000 muertos. Esa norma prohibió la investigación de crímenes.