La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigará al Estado brasileño por la muerte del periodista Vladimir Herzog ocurrida en 1975 bajo la dictadura militar, anunció un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos este jueves.

Herzog, director de información de TV Cultura, fue hallado muerto en una celda del Ejército cuando tenía 38 años. Los militares, que gobernaron Brasil entre 1964 y 1985, dijeron que el periodista se ahorcó, pero familiares y grupos de derechos humanos aseguran que fue torturado y asesinado.

La CIDH, por pedido de varias organizaciones de defensa de los derechos básicos, aceptó investigar el caso y pidió a informaciones a las autoridades brasileñas, según un comunicado difundido en Brasilia.

La cancillería fue notificada de la investigación y en los próximos días dará una respuesta al “pedido de información” en coordinación con el ministerio de la Secretaría de Derechos Humanos, dijo bajo reserva un asesor oficial a la AFP.

La denuncia ante la CIDH fue presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos, y por el Grupo Tortura Nunca Más de Sao Paulo y el Instituto Vladimir Herzog.

“A pesar de los intentos en el ámbito de la justicia interna, el Estado no cumplió su deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables por el asesinato de Vladimir Herzog”, señalaron en el mensaje.

La justicia brasileña alegó en varias oportunidades que el caso no podía ser investigado debido a la ley de amnistía de 1979, aún vigente y que impide el procesamiento de personas acusadas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

A finales de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró sin “efectos jurídicos” la ley de amnistía y solicitó a Brasil que investigue y sancione a los responsables de la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de 70 militantes de la guerrilla de Araguaia en la década de los ’70.

A mediados de este mes, la justicia del estado de Pará rechazó una demanda de la fiscalía por ese caso, alegando que era contraria a la amnistía.