El Tribunal Supremo español rechazó la petición de archivo del juicio contra el magistrado Baltasar Garzón, acusado de haber vulnerado una ley de amnistía por investigar los crímenes de la dictadura franquista.
“Los actos no tienen entidad material suficiente para justificar la anulación de las instrucciones”, afirmó la secretaria de la sala leyendo la decisión tomada por el tribunal por “mayoría” de los siete magistrados.
El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas y la defensa de Garzón habían pedido la anulación del proceso en su apertura la semana pasada.
Mientras tanto el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, denunció la “pérdida de imparcialidad” del juez instructor de este caso, Luciano Varela, al que acusó de haber cooperado con la acusación en la redacción de la demanda.
El defensor defendió asimismo que la causa no era válida porque en ella no se querella ningún “perjudicado directo” sino únicamente una acusación popular.
A pesar de lo anterior, el tribunal consideró que el “objeto del enjuiciamiento” es de “naturaleza pública” y que la justicia tomó resoluciones que impidieron la “personación de quienes se consideraban perjudicados por los hechos”, según la decisión leída el martes.
Mundialmente conocido por la detención del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, Garzón, de 56 años, fue demandado ante el Tribunal Supremo español por dos grupos de ultraderecha.
Lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977 por haberse declarado competente en 2008 para investigar unas 114.000 “desapariciones forzosas” ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75).
Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el mediático magistrado puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el fin de su carrera.
