Las licencias ambientales que otorgan pueblos indígenas para las actividades hidrocarburíferas en Bolivia son una traba para las inversiones y están retrasando la ejecución de proyectos, afirmó este miércoles el presidente de la estatal petrolera YPFB, Carlos Villegas.
“Las licencias ambientales se constituyeron en trabas a las inversiones, están retrasando la ejecución de los proyectos y hay compensaciones irracionales”, afirmó Villegas en un acto público que contó con la presencia del presidente Evo Morales.
Las normas bolivianas requieren que como parte de las licencias ambientales, las empresas privadas petroleras o mineras negocien con pueblos indígenas para trabajar en sus territorios y les indemnicen por los daños ecológicos que puedan causar, en el marco del Convenio 169 de la OIT.
Villegas puso como ejemplo que la pequeña comunidad guaraní Takovo Mora, en el departamento de Santa Cruz (este), está afectando la construcción de la planta de separadora de líquidos de gas Río Grande, que tiene una inversión de 153 millones de dólares.
Río Grande es un proyecto que ejecuta la binacional boliviano-venezolana Petroandina y que permitirá abastecer el mercado interno, principalmente con gasolina y gas licuado de petróleo para uso doméstico que en la actualidad son importados de Venezuela.
Villegas no precisó el total de la inversión petrolera frenada por las licencias ambientales indígenas.
El presidente de la estatal petrolera planteó que “debemos buscar una nueva normativa que nos permita destrabar y nos permita agilizar la ejecución de las inversiones”.
Bolivia cuenta oficialmente con 9,94 trillones de pies cúbicos de gas, unos 281.000 millones de m3, que la colocan entre las principales cinco naciones de la región sudamericana con este recurso, tras Venezuela, Brasil, Argentina y Perú.
