El gobernador del estado mexicano de Guerrero (sur), Angel Aguirre, informó este miércoles de la detención de 10 policías en relación a la muerte el lunes de dos estudiantes que participaban en una protesta bloqueando una autopista.
El caso pasó a manos de autoridades federales este miércoles, luego que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, le comunicó a Aguirre que la investigación la llevará la Procuraduría General de la República.
Horas antes de esa decisión, Aguirre detalló en rueda de prensa que entre los detenidos figuran cinco agentes de la policía de su gobierno (estatal). Los otros cinco pertenecen a la policía de la Procuraduría (fiscalía), también del estado de Guerrero.
“No estamos negando que haya habido presencia de armas de fuego”, aseguró Aguirre.
El martes, fue separado de su cargo el procurador (fiscal) de Guerrero, Alberto López, quien el día del incidente sostuvo que la policía llegó desarmada al sitio de la manifestación de los estudiantes de una escuela rural para maestros.
Además, fueron separados de sus cargos el secretario y subsecretario de Seguridad estatales, Ramón Almonte y Ramón Arreola respectivamente.
“El que tenga que ser sometido a investigación, lo será. (…) He dejado claro que no fue el gobernador, no fue el gobierno el que dio la orden” para que la policía acudiera a la protesta, afirmó Aguirre.
También, adelantó que probablemente el jueves se reunirá con las familias de los jóvenes fallecidos.
El gobernador declinó adelantar conclusiones sobre los supuestos responsables. “Se ha generado una especie de competencia”, señaló, en referencia a las acusaciones mutuas el martes entre la policía de Guerrero y la policía federal sobre quiénes habrían disparado contra los manifestantes.
Los estudiantes llegaron en autobuses y bloquearon la autopista que comunica Ciudad de México con el popular balneario de Acapulco, en el sur, sobre el Pacífico, cerca de Chilpancingo, capital estatal a 270 km de la capital.
Exigían mayores cupos para estudiar en la normal de Ayotzinapa, una zona rural de Guerrero.
El caso generó reacciones de grupos defensores de derechos humanos y de políticos en general, entre ellos varios de los aspirantes a la presidencia en las elecciones del 2012.
Guerrero ha sido escenario este año de numerosas protestas de educadores y estudiantes por lo que consideran una desatención del gobierno estatal a sus reclamos.
En octubre, los maestros de Acapulco firmaron un acuerdo para iniciar clases en todas las escuelas tras dos meses de huelga por demandas de seguridad para los educadores debido a amenazas de una banda del narcotráfico.
El gobierno federal desplegó hace dos meses a miles de policías y militares para contener la violencia en Acapulco y el resto de Guerrero, afectado por acciones de unas 17 bandas de cárteles del narcotráfico.
