Al menos dos manifestantes resultaron muertos este lunes cuando un grupo de estudiantes de secundaria se enfrentó con policías que intentaban desalojarlos de la autopista que va de la capital mexicana al puerto de Acapulco (sur), constató un corresponsal de la AFP en el lugar.
Los cuerpos sin vida de los dos jóvenes quedaron tendidos en la carretera, tras una refriega que se prolongó por media hora cerca a Chilpancingo, capital estatal 270 km al sur de la capital mexicana.
Un corresponsal de la AFP que acudió a la zona señaló que pudo observar que los policías dispararon contra los manifestantes después que algunos les lanzaron bombas incendiarias.
La secretaría de Gobernación confirmó la muerte de los dos estudiantes, que iniciaron la manifestación para reclamar el aumento del número de plazas disponibles para estudiar en la escuela rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (sur).
Por su parte, el gobierno del estado emitió un comunicado indicando que su vocación “no es reprimir” y envió condolencias a las familias de los fallecidos.
Poco después, el procurador (fiscal) de Guerrero, Alberto López, dijo a la prensa que el acto “fue ajeno a verdaderos estudiantes” y señaló que ubicaron ocho granadas en poder de los manifestantes.
Unas 25 personas permanecen detenidas para deslindar su participación en los hechos. De acuerdo con López, investigan si se trató de un acto de provocación.
Los policías habían llegado al lugar hacia el mediodía (18HOO GMT) para desalojar a unos 600 estudiantes que mantenían bloqueado el tránsito por la carretera que conduce del centro de México a Acapulco, el popular balneario turístico sobre la costa del Pacífico.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aseguró que el incidente fue provocado “por el uso desproporcionado de la fuerza pública, en particular por los disparos que habrían sido generados por autoridades federales”.
“La Comisión exige que se esclarezcan los hechos, se deslinden las responsabilidades necesarias y se sancione a los responsables de dichas muertes”, añadió.
También, mencionó el caso de un reportero en el sitio, identificado como Erick Escobedo, quien “resultó herido, detenido por unas horas y posteriormente liberado”.
Grupos defensores de los derechos humanos en Guerrero fueron más allá y exigieron “la destitución del secretario de Seguridad, Ramón Almonte Borja, con lo cual se pueda garantizar una investigación exhaustiva y efectiva”.
El estado de Guerrero ha sido escenario este año de numerosas protestas de educadores y estudiantes. En octubre, los maestros de Acapulco firmaron un acuerdo para iniciar clases en todas las escuelas tras dos meses de huelga en reclamo de seguridad para los educadores por las amenazas de una banda del narcotráfico.
