El nuevo gobierno birmano, que ha multiplicado las señales de apertura hacia la oposición, decidió suspender un gigantesco proyecto de represa financiado por China tras una serie de protestas populares poco frecuentes en el país.

Últimamente, en un momento en que los activistas birmanos ponen a prueba los límites de la nueva libertad surgida a raíz de un cambio de actitud del régimen, se alzaban cada vez más voces contra la construcción de la central de Myitsone en el río Irrawady, en el estado norteño de Kachin. La electricidad estaba destinada a China.

El presidente Thein Sein anunció este viernes a los parlamentarios que las obras se suspenderían hasta el final del mandato del gobierno actual, afirmó un responsable gubernamental a la AFP.

“El presidente decidió detener el proyecto de represa porque el gobierno es elegido por el pueblo y el gobierno debe respetar la voluntad del pueblo”, explicó, y anunció negociaciones con los chinos.

Este anuncio sorprendente marca un auténtico giro del régimen. En septiembre, según los medios de comunicación birmanos, el ministro de Electricidad había asegurado que se mantenía el proyecto pese a las protestas.

Los defensores medioambientales denuncian desde hace tiempo esta represa porque aseguran que inundaría decenas de aldeas, forzaría el desplazamiento de al menos 10.000 personas y causaría daños irreversibles a una región muy rica en biodiversidad.

El lunes la policía había impedido una manifestación pero sin hacer uso de la violencia. Algunos participantes llevaban en sus camisetas lemas pidiendo la suspensión del proyecto. La semana pasada, un hombre que se manifestaba solo delante de un edificio de la embajada china en Rangún fue detenido.

La opositora Aung San Suu Kyi también pidió a las autoridades que revisen este proyecto de 3.600 millones de dólares respaldado por el gigante energético chino China Power Investment Corp.

“Es algo que nos preocupa a todos porque Irrawaddy es muy importante para todo el país, económicamente, geográficamente, ecológicamente y emocionalmente”, declaró en una entrevista concedida recientemente a la AFP.

“Creo que hay una toma de conciencia creciente sobre la necesidad de proteger Irrawaddy”, dijo.

En julio, un colectivo de ONG, el Grupo de Trabajo Medioambiental sobre Birmania, pidió el fin de todos los proyectos de explotación de recursos naturales birmanos, financiados principalmente por extranjeros.

Los acusaba de ser una fuente de conflicto en zonas donde viven minorías étnicas, que representan un tercio de los 50 millones de habitantes del país y muchas de las cuales son hostiles al poder central desde la independencia en 1948.

Durante los últimos meses se produjeron combates entre rebeldes kachins y el ejército birmano en esta región donde empresas chinas se han implicado en la construcción de varias represas, incluida la de Myitsone, convertida en un símbolo en la lucha por más autonomía.

La junta en el poder en Birmania desde hace medio siglo dio paso en marzo a un gobierno “civil” pero bajo control de los militares.

Este nuevo régimen, al que la comunidad internacional reclama la liberación de unos 2.000 presos políticos, ha dado señales de apertura, sobre todo respecto a Suu Kyi.