El ministro de Economía y Finanzas, Giulio Tremonti, inició este jueves en Roma las consultas para la venta de parte del enorme patrimonio italiano con el fin de reducir la colosal deuda pública de más de 1,9 billones de euros.

Más de 150 representantes de bancos y fondos de inversión, tanto italianos como extranjeros, fueron recibidos por primera vez en la sede del ministerio en el curso de la primera reunión.

El patrimonio del Estado italiano, entre bienes inmuebles, títulos, concesiones e infraestructuras, suma cerca de 1,815 billones de euros, de los cuales 675.000 millones en activos que puedan dar frutos rápidamente.

Según cálculos del ministerio, tal patrimonio podría producir una suma cercana a la deuda, de 1,9 billones, cerca del 120% del PIB.

Durante la reunión, cerrada a la prensa, fue ilustrado por primera vez el patrimonio del Estado italiano que puede ser vendido, calculado según los precios actuales del mercado.

Entre las firmas que podrían ser vendidas figuran varias empresas públicas, entre ellas aquellas encargadas de la distribución de agua y energía, controladas por empresas municipales y que podrían ser privatizadas.

La participación del Estado en colosos de la industria italiana como ENI (petróleo), Enel (electricidad) y Finmeccanica (aeronáutica y defensa) no será afectada por la operación, precisó el gobierno.

El ministerio calcula que se podrían recuperar entre 35 a 40 billones de euros con la venta de inmuebles, lo que reduciría además el déficit anual de 9,8 billones al año.

Un fondo, con participación de capital privado, será abierto en enero del 2012 con el fin administrar tales operaciones inmobiliarias.

Italia, cuya calificación fue degradada por la agencia de calificación financiera Standard & Poor’s a mediados de septiembre debido a su fragilidad económica e inestabilidad política, intenta tranquilizar al mercado con medidas draconianas que incluyen la reducción de costos.

“Salvemos a Italia no la vendamos”, solicitó el líder del Partido Verde, Angelo Bonelli, quien teme que el patrimonio italiano caiga en manos de los mismos especuladores que atacan actualmente los títulos del Estado.