La alta concentración de la tierra en una minoría de la población y el abandono del campo en Colombia, fuente y consecuencia del conflicto armado, han de ser tratados en prioridad, alerta el último informe de la ONU sobre el desarrollo humano en este país.

El estudio “Colombia rural, razones para la esperanza”, del programa de ONU para el Desarrollo (PNUD), el segundo informe de desarrollo humano en Colombia en ocho años, señala que 52% de la gran propiedad está en manos de 1,15% de la población, uno de los índices de distribución de riqueza más precarios en la región.

Esto se refleja en el coeficiente de Gini de Colombia, que registra 0,85, uno de lo más altos de Latinoamérica (el valor 1 siendo el de la más alta desigualdad en este tipo de medición), según la ONU, que divulgó un resumen de su estudio este domingo.

Lejos de las ciudades, la desigualdad se ahonda, con 64,3% de la población rural (31,6% de los Colombianos son “rurales”) en la pobreza, frente a 45,5% de la población urbana.

“Toda la estructura de tenencia de la tierra y estructura agraria que tiene el país impiden y dificultan el desarrollo humano”, indica la investigación.

Asimismo, el actual modelo de desarrollo rural permite nuevos conflictos sociales, debido a que la posesión de la tierra es la principal causa de disputa entre “inversionistas, terratenientes, narcotraficantes y grupos armados ilegales, que generan despojo, desplazamiento y mayor concentración de la propiedad”.

A esta desigualdad se suma un bajo índice de tierras dedicadas a uso agrícola, solo 4,9 millones de hectáreas, es decir el 22,7% del potencial disponible (21,5 millones).

Por eso, el PNUD defiende la necesidad de una “reforma rural transformadora”, con una “intervención decisiva del Estado” que “considere cambios en la estructura de tenencia de la tierra”.

Colombia padece un sangriento conflicto armado desde hace cerca de medio siglo, en parte debido a la desigualdades en el campo, una de las motivaciones de las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundadas en los años 1960.

A estas se sumaron en los años 1980 grupos armados de extrema derecha y narcotraficantes, que despojaron millones de hectáreas de tierras, con un fin de “control territorial”.

El informe del PNUD se publica cuatro meses tras la firma en junio de una histórica ley de reparación de las víctimas del conflicto que incluye un capítulo sobre la restitución de tierras despojadas a los campesinos.

El gobierno de Juan Manuel Santos pretende así restituir o titular al menos 2 millones de hectáreas antes de finalizado su mandato, en 2014.

El representante de PNUD en Colombia, Bruno Moro, explicó a RCN Radio que el informe, que será entregado oficialmente el miércoles al presidente Juan Manuel Santos, pretende “atraer la atención y visibilizar la importancia de lo rural como un sector que puede producir y contribuir a la economía y al desarrollo”.