La fiscal Solange Huerta confirmó que sólo faltan los resultados de dos peritajes para determinar si hubo responsabilidades por los errores para dar la alerta de maremoto el 27 de febrero del 2.010.

Se trata de un informe de la Policía de Investigaciones, que debe reunir los casi 800 testimonios que han recabado en todo el país y otros antecedentes, y un informe científico del geógrafo Marcelo Lagos.

Este último estudio es clave, ya que apunta a precisar las cualidades del terremoto del 27 de febrero y su evidente relación con el tsunami, es decir, si científicamente se pudo alertar oportunamente de la tragedia ocurrida en las costas de la zona centro sur del país.

A casi 19 meses del desastre natural, la fiscal Huerta se negó a darse un plazo para definir eventuales formalizaciones por cuasi delito de homicidio.

Uno de los abogados querellantes, Raúl Meza, anunció que recurrirá al décimo cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para que la fiscal Huerta defina si hay mérito para formalizar.

Ante la fiscal han declarado como imputados los ex ministros Edmundo Pérez Yoma, del Interior, y Francisco Vidal, de Defensa, el ex subsecretario Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández y el ex director del SHOA, el capitán de navío Mariano Rojas.

Consultado sobre esta investigación, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán le restó dramatismo al tiempo transcurrido y recordó que hubo un perito que falleció, lo que produjo más atrasos.

Los antecedentes oficiales de la fiscalía concluyeron que a causa del maremoto, en total fallecieron 156 personas, 82 hombres y 74 mujeres, y que se mantienen 25 desaparecidos.

La región del Maule presenta el mayor número de fallecidos por este desastre con el 57,7 por ciento del total de muertos.