Notas
Buscan evitar traumas por interrogatorios reiterados a ni√Īos v√≠ctimas de violencia
Publicado por: Camila Navarrete
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En el procedimiento penal, los afectados dan testimonio de agresi√≥n un m√≠nimo de 4 veces, ante la polic√≠a, la Fiscal√≠a, el Servicio M√©dico Legal y durante el Juicio Oral, e incluso pueden ser nuevamente requeridos para tal efecto. Una iniciativa legal de la Comisi√≥n Defensora Ciudadana y la Corporaci√≥n de Asistencia Judicial pretende poner fin a este procedimiento, sobre todo en los ni√Īos, quienes son los m√°s afectados en estas ocasiones.

En la Comisi√≥n de Constituci√≥n, Legislaci√≥n y Justicia de la C√°mara de Diputados se encuentra el proyecto que modifica la ley N¬į 19.968 de Tribunales de Familia y el C√≥digo Procesal Penal, mediante el cual se busca validar como prueba judicial al archivo audiovisual con el testimonio que prestan los menores de edad en el sistema judicial chileno.

La iniciativa, elaborada por la Comisi√≥n Defensora Ciudadana y la Corporaci√≥n de Asistencia Judicial de la Regi√≥n Metropolitana, limita y mejora la declaraci√≥n de ni√Īos y adolescentes, para garantizar que las investigaciones sean procesos m√°s adecuados a la reparaci√≥n de la dignidad de las v√≠ctimas. El proyecto ingres√≥ a tramitaci√≥n parlamentaria en marzo pasado, a trav√©s de una moci√≥n de los diputados UDI Cristi√°n Letelier y la PS Denise Pascal.

La ‚Äėvictimizaci√≥n secundaria‚Äô es la consecuencia psicol√≥gica de una pr√°ctica del sistema judicial chileno, mediante el cual la v√≠ctima debe revivir el delito sufrido al repetir m√°s de una vez su testimonio, pues a la fecha no se valida el registro audiovisual de la primera declaraci√≥n. Esto afecta particularmente a las personas menores de edad, quienes, con el objetivo de sus familiares de que se haga justicia, deben someterse a interrogatorios de Carabineros o Investigaciones, de la Fiscal√≠a, del Servicio M√©dico Legal, del juicio oral y de otras instancias que trabajan con las v√≠ctimas. Incluso, muchas veces estos interrogatorios se realizan varios a√Īos despu√©s de experimentado el delito, lo que adem√°s del impacto humano, redunda en declaraciones de menor calidad o en la decisi√≥n de los padres de la v√≠ctima de desistirse de acciones judiciales para as√≠ evitar la agudizaci√≥n de un trauma.

La Comisi√≥n Defensora Ciudadana inform√≥ que a pesar de los avances del proceso penal chileno, el C√≥digo Procesal Penal no establece un trato diferenciado para ni√Īas, ni√Īos y adolescentes, aun cuando se ha establecido que someter a los menores de edad al mismo procedimiento que un adulto, favorece la ‚Äėvictimizaci√≥n secundaria‚Äô. Por ello, la propuesta de reforma considera el marco normativo de la Convenci√≥n Internacional de los Derechos del Ni√Īo.

Aun cuando hoy existen instituciones con la capacidad de registrar las declaraciones de los ni√Īos/as v√≠ctimas de delitos, este material no puede constituir prueba en un juicio oral, por expresa exclusi√≥n efectuada por el C√≥digo Procesal Penal. Esa es la experiencia, por ejemplo, de la 48¬ļ Comisar√≠a de la Familia, instituci√≥n que posee una sala acondicionada para la toma de declaraciones, las cuales se registran en un soporte audiovisual. Sin embargo, este material es excluido en la audiencia de preparaci√≥n del juicio oral.

Los objetivos de la reforma propuesta son: Limitar el n√ļmero de testimoniales de los menores de edad; reforzar la experticia y capacitaci√≥n de las personas que tomen la declaraci√≥n; establecer un protocolo estandarizado para ello; acondicionar recintos adecuados para la toma de declaraci√≥n; asegurar la participaci√≥n activa de los intervinientes en dicha diligencia; registrar en un soporte audiovisual esta diligencia y asegurar que sirva de prueba en el juicio oral.

El proyecto sugiere fijar un nuevo protocolo que se activaría una vez ingresada la denuncia de un delito violento. Primero, se agenda una entrevista en un recinto acondicionado con sala de espejo y sistema de registro audiovisual. Esta entrevista debe practicarse por un psicólogo, asistente social o funcionario capacitado para tal efecto, y siguiendo un procedimiento de intervención, lo que descarta el interrogatorio en forma directa por un tribunal.

Las partes pueden concurrir con un perito de su confianza, para solicitar la formulaci√≥n de preguntas, a trav√©s del profesional especializado que tome la declaraci√≥n al ni√Īo y adolescente. Lo esencial de este procedimiento es que la entrevista queda en registro audiovisual que se constituye en prueba para un eventual juicio oral

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