La Contraloría cuestionó en un informe la labor de algunos ministros de Estado durante la aprobación de la Central Castilla. Sin embargo, desestimó presiones externas en la modificación de la calificación del proyecto de “contaminante” a “molesta”.

El documento de la Contraloría afirma que el Comité para la Agilización de Inversiones – integrado por una decena de ministros de Estado – dejó de lado su rol asesor y participó activamente en la tramitación del procedimiento ambiental del proyecto.

Además, se cuestiona la omisión de diversos trámites de consulta ciudadana en el proceso de cambio en el plan regulador de Copiapó, que determinó una variación en el uso de suelo del sector de Bahía Salado, donde se instalará la central termoeléctrica.

Sin embargo, la Contraloría negó la existencia de presiones a las personas que participaron en la aprobación del informe que cambió el pronunciamiento de la anterior seremi de Salud de Atacama y recalificó al proyecto de “contaminante” a “molesta”.

El diputado radical Alberto Robles, quien solicitó a la Contraloría un informe sobre este tema, cuestionó esta situación.

El proyecto Central Castilla cuenta con una inversión de 4 mil 400 millones de dólares y planea inyectar 2.100 megawatts al Sistema Interconectado Central.