Las fuerzas policiales y militares de Honduras desalojarán a varios grupos campesinos que ocupan tierras de latifundistas en la zona del Aguán, en el noroeste del país, lo cual podría agravar el conflicto, declaró el lunes el comandante de la policía.

“Se van a desalojar algunos grupos campesinos que ocupan tierras ilegalmente, que no están en los convenios firmados por el gobierno”, anunció en declaraciones a la AFP el comandante de policía Julio Espinal.

El oficial admitió que el conflicto en el Valle del Bajo Aguán, situado unos 600 km al noreste de Tegucigalpa, “se puede agravar” con los desalojos pero los militares y policías “tienen que cumplir las órdenes de los tribunales”.

Los conflictos, que datan de hace dos años, han dejado un saldo de medio centenar de muertos en los últimos meses, cuatro de ellos entre sábado y domingo últimos.

La disputa se origina en la ocupación de varias fincas por parte de campesinos, unas 4.000 hectáreas en total.

Espinal encabeza un contingente de 600 militares y policías que el viernes fueron enviados por el presidente Porfirio Lobo a reforzar a otros 400 que ya estaban allí, para frenar las muertes, producto de confrontaciones entre los campesinos y guardias de los propietarios de las tierras, cultivadas con palma africana.

Sin embargo, el sábado pasado pistoleros mataron al presidente del Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (Marca), Secundino Ruiz, según la policía para robarle un dinero que había retirado de un banco.

Otras tres personas murieron en forma violenta el domingo pero Espinal aseguró que las tres muertes “no tienen nada que ver con el conflicto agrario sino con situaciones de tipo personal que se están investigando”.

El pasado 16 de junio, el presidente Lobo logró que terratenientes y campesinos firmaran un acuerdo según el cual el gobierno comprará más de 4.000 hectáreas cultivadas con palma africana a unos 7.000 dólares por hectárea, para vender esas tierras a largo plazo a los campesinos.

Este era el segundo convenio entre las dos partes en conflicto, pues el 12 de abril de 2010 se firmó otro -también tutelado por Lobo- según el cual el gobierno compraría 11.000 hectáreas a los terratenientes para venderlas a los campesinos a 20 años plazo sin intereses.

Sin embargo, el mandatario nunca se pudo poner de acuerdo con los terratenientes sobre el precio de la tierra, y el conflicto se ha prolongado.